El veredicto por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesel en enero del 2020, se conocerá el 6 de febrero, informó el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores.

El anuncio se hizo luego de la presentación de los alegatos de la fiscalía, de la querella y de la defensa de los 8 rugbiers imputados.

Tanto la fiscalía como los abogados de la familia de Fernando, equipo encabezado por Fernando Burlando, pidieron prisión perpetua para los acusados. Mientras que el letrado que representa a los rugbiers, Hugo Tomei, pidió la absolución o se los condene por “homicidio en riña” o, en su defecto, “homicidio simple” o “preterintencional”.

Santiago Calderón Salomón, abogado penalista de San Luis, analizó que el pedido de absolución que hizo Tomei no está basado en la inexistencia de delito, “eso es imposible”, sino “es por la prueba, como la incorporación de la prueba telefónica que considera que es nula, y también con alguna incongruencia de la fiscalía, que primero dijo que eran 5 los que agredieron a Báez Sosa, pero en el alegato final considera que son 8; en lo que hace hincapié el defensor es que hay una contradicción”.

La postura de la fiscalía y la querella sostiene la solicitud de prisión perpetua al considerar que se trató de un “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Calderón Salomón consideró que “es difícil que se puedan sostener los dos agravantes; en principio está claro que intervinieron más de dos rugbiers, pero la querella tiene que probar que es un acuerdo previo no para lesionar o golpear sino con la intención de asesinar; por otro lado, la alevosía se aplica cuando la otra parte está totalmente indefensa, cuando hay una mínima pelea es más difícil de sostener”.

En este sentido, el penalista evaluó que “va a haber penas diferentes” para los 8 imputados, en función de la participación que tuvieron en la golpiza, de acuerdo a lo que el Tribunal considere que se probó en el juicio.

“Más allá de la coautoría, de los partícipes, creo que no se les va a aplicar la misma pena a aquellos que agredieron físicamente como a aquellos otros que intervinieron de una manera más indirecta”, señaló.

Indicó también que es posible que el caso quede encuadrado en un homicidio simple, que prevé penas de 8 a 25 años de cárcel. “El monto se va a acercar mucho al máximo, aunque no sé si su totalidad porque los chicos no tienen antecedentes”, pronosticó.

 Si, en cambio, se los condenara por homicidio en riña o preterintencional, el máximo de la pena es de 6 años. “Con los años que llevan de prisión, con una condicional podrían salir en libertad después del juicio”, remarcó Calderón Salomón.

También resaltó que los jueces que deben resolver tienen “mucha presión”: la presión social, por lo mediático que fue el caso y el juicio; y “la presión con los colegas: hay grandes juristas, grandes colegas que están viendo a los jueces”.