Javier Alaniz, secretario de la Comisión de Ciberseguridad de la Nación, señaló que la medida cautelar dictada por la justicia para que los proveedores de internet inhabiliten 42 sitios de apuestas ilegales en la Provincia resulta complicada de aplicar y su legalidad podría ser cuestionada.
“La decisión se tomó por la urgencia del tema, pero técnicamente es muy difícil implementarla. Se trata de un listado de más de 40 sitios, sin contar aquellos que pueden aparecer mañana o los mismos que pueden cambiar de dominio”, explicó el especialista.
La jueza de Garantía N°2, María Agustina Dopazo, aceptó la presentación realizada por la Fiscalía de Estado. La solicitud se dirigía a los responsables de explotar, administrar, operar o de cualquier modo organizar, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad de captación de juegos de azar sin contar con el permiso de la Caja Social, autoridad de aplicación en la materia.
El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, señaló que la medida también buscaba combatir la ludopatía.
Alaniz, por su parte, consideró que la resolución resulta improcedente porque “le quita derechos a quienes juegan sin tener problemas; si yo no tengo dificultades con el juego, no deberían impedirme acceder a esos sitios”.
Además, comparó la medida con la “Ley Seca”, que pretendía prevenir el alcoholismo. Según él, sería más efectivo educar a los jóvenes, incluso en las escuelas, para explicar el funcionamiento de este tipo de plataformas y evitar que ingresen a apostar.
“Bloquear los sitios no es suficiente. Se ha probado en todo el mundo y diversas entidades internacionales han demostrado que es imposible lograrlo”, concluyó Alaniz.
De todos modos, la jueza Dopazo ordenó este lunes a la Unidad de Abordaje Fiscal que libre oficios a los proveedores de internet para hacer efectivo el bloqueo a los sitios de apuestas.
