Federico Farías, abogado de la pareja acusada de falsificar certificados médicos, afirmó que sus clientes son adictos a drogas y rechazó la imputación por asociación ilícita formulada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
“Para que exista una asociación ilícita debe haber tres o más personas en pleno uso de sus facultades mentales. Estas personas, por su grado de adicción a drogas varias, no están en sus cabales”, aseguró el letrado.
Farías indicó que, en su análisis preliminar de la causa, los imputados, además de ser adictos a drogas, podrían ser autores o coautores de un delito, pero no integrarían una asociación ilícita. Además, detalló que el lunes visitó el domicilio de Paola Tonelli y Augusto Toledo. “Es gente consumida por las drogas, con una forma de vida deplorable. No hay evidencia de un rédito económico significativo”, sostuvo.
El abogado añadió que los acusados se presentaron a la audiencia de formulación de cargos en transporte público. “Esto no tiene la estructura de una asociación ilícita. Si la Fiscalía asegura que emitían tantos certificados, al menos deberían tener un vehículo. Sin embargo, su casa estaba en condiciones desordenadas y sucias. No tiene concordancia (la hipótesis de la asociación ilícita)”, manifestó.
En relación con Graciela Apaza Señani, la tercera imputada, Farías aseguró que solo es dueña de un comercio polirubro donde se imprimían los formularios. “No se especificó en la formulación de cargos cuál sería su conducta concreta”, subrayó.
Tonelli y Toledo quedaron imputados a finales de septiembre por falsificación de documentos públicos y privados. Esta semana, el MPF amplió los cargos para incluir la presunta asociación ilícita. La jueza de Garantía N°2, Agustina Dopazo, aceptó la solicitud y ordenó el traslado de ambos al Servicio Penitenciario Provincial por 30 días con prisión preventiva.
En el caso de Apaza Señani, la jueza dispuso que firme el libro de Fiscalía durante 90 días y le prohibió salir del territorio provincial en ese período.
