Una jueza federal dispuso este lunes la suspensión de la deforestación en Chaco por tres meses mientras investiga un mecanismo de corrupción público-privado que se enriquecía ilegalmente con la destrucción del bosque nativo, denunciado a inicios de julio por una agrupación ambientalista.
El fallo prevé la suspensión de los desmontes en una de las provincias más pobres del país mientras avanza la investigación contra funcionarios como el ministro de Producción local, exfuncionarios, empresarios y diputados por delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita.
La fiscalía, además, pidió que también se investigue a empresas como Vicentin, Las Guindas, Establecimiento Monterrey, Cuenca del Saldo y MSU, entre otras.
La provincia de Chaco forma parte del Gran Chaco americano, la región boscosa más extensa de Sudamérica después del Amazonas, que comprende territorios de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil y se encuentra entre los sitios con más deforestación del mundo y altos niveles de degradación, según organizaciones ambientalistas.
La denuncia
El fallo de la jueza federal Zunilda Niremperger hizo lugar a la denuncia de julio de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), que alertó de un mecanismo que permite el desmonte sistemático de bosque nativo, con un fuerte daño al ambiente y a las comunidades locales.
«Esta valiente decisión judicial se da en el marco de nuestra denuncia penal que sigue en curso porque se investiga esta trama de políticos, funcionarios, empresarios, una especie de puerta giratoria para desmontar y enriquecerse a partir del ecocidio», dijo Enrique Viale, presidente de la AAdeAA.
«La jueza ordena la suspensión total de los desmontes en la provincia de Chaco, así no se genera el daño ambiental mientras se produce la investigación. Seguiremos hasta desarticular esta mafia del desmonte y parar la deforestación», agregó a Reuters.
La organización no gubernamental había denunciado la aprobación a fin de abril en la Legislatura chaqueña de un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos que habilita el desmonte de cientos de miles de hectáreas, permitiendo el avance de la frontera agropecuaria y la comercialización de madera y sus subproductos.
Las principales actividades económicas de Chaco, que tiene una superficie de unos 100.000 kilómetros cuadrados, son la explotación forestal, la producción de algodón, leña y taninos.
Según datos de la Fundación Vida Silvestre, a pesar de que Argentina cuenta con la Ley de Protección de Bosques, el Gran Chaco perdió el 30% de los mismos, con el 76% de la deforestación desarrollada ilegalmente entre 2007 y 2021.
Fuente: Noticias ambientales