Un fallo de Cámara afirmó que la AFIP no puede clausurar establecimientos con sólo dar intervención al juez a posteriori. Los argumentos
La Justicia falló en contra de la AFIP, al afirmar que fue ilegítima la clausura de un taller textil, en un caso de irregularidades laborales. Aseguró que es inconstitucional que se lleve a cabo sin el control de un juez.

En el fallo Calle Asistiri, la Cámara Federal de San Martín entendió que otorgar a la AFIP la potestad de clausurar un establecimiento sin necesidad de esperar la conformidad del juez, no se adecua a principios constitucionales, explicó Humberto Bertazza, presidente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario.
El caso de clausura unilateral de AFIP que rechazó la Justicia
Bertazza relató como sigue la situación que derivó en el fallo contra la AFIP:
Los funcionarios de la AFIP se constituyeron en el domicilio de Calle Asistiri, en el que fueron atendidos por el responsable del taller textil que allí funcionaba.
El organismo verificó que los 21 trabajadores relevados no se encontraban inscriptos y que su responsable tampoco figuraba como empleador en la base de datos de la AFIP. Por tal razón, se labraron actas de constatación de infracción.
Sin embargo, esto no quedó así, ya que la AFIP, de conformidad con lo previsto por el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Fiscal, procedió a la clausura preventiva del establecimiento por el término de 3 días. Ante esto, la empresa recurrió a la Justicia.
Ese artículo de la ley autoriza a la AFIP a clausurar preventivamente un establecimiento cuando se constatare que se hayan configurado dos o más de los hechos u omisiones previstos en la ley, precisó Bertazza.
Qué dijeron los jueces de la clausura del taller textil
Bertazza indicó que el derrotero judicial de la causa contra la clausura del taller textil por parte de la AFIP fue el siguiente:
1. El juez de primera instancia dispuso la inconstitucionalidad de las normas sobre clausura de la Ley de Procedimiento Fiscal, por resultar contrarias a la Constitución.
Para ello, consideró que la clausura constituye una sanción de carácter penal y su aplicación inmediata y en forma preventiva vulnera la garantía constitucional del debido proceso y defensa en juicio, sobre la máxima de que nadie puede ser penado sin juicio previo.
2. La Cámara de San Martín confirma esa sentencia, al ser apelada por AFIP.
Fuente: Actualidad Juridica
