La red Ruido y la fundación Poder Ciudadano dieron a conocer los resultados de una investigación para conocer el grado de transparencia en la contratación de personal y el manejo de fondos en las legislaturas de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“La investigación comenzó en febrero de 2024, con la presentación de pedidos de acceso a la información en cada lugar, en los que se requería a cada Legislatura local datos sobre cantidad de personal, niveles salariales, registros de asistencia o gastos reservados, entre 31 ítems necesarios para que la ciudadanía conozca cómo se utilizan los recursos en estas áreas”, detalla el informe elaborado con los datos obtenidos.
De las 24 legislaturas consultadas, solo tres brindaron datos casi completos ante la solicitud: Córdoba, San Luis y Santa Cruz; mientras que 15 provincias no respondieron y 6 lo hicieron de manera parcial.
“En los casos en que no hubo información oficial, el contenido se produjo con base en los datos disponibles, declaraciones periodísticas, boletines oficiales y otros documentos que permitieron reconstruir un panorama aproximado, aunque seguramente lejos de la foto completa”, señala el reporte.
Sobre la legislatura puntana, el informe califica de “curioso” que “los legisladores reciben cada mes un extra (denominado “módulos)” equivalente a un salario bruto. Deben ser rendidos, pero no hay constancia de que lo hagan. Es decir que cada mes reciben, además de $1.400.000 de salario, otro 1,4 millón por aquel concepto”.
Otra particularidad que encontró el trabajo fue la decisión del exgobernador, Alberto Rodríguez Saá, de crear, meses antes de dejar el gobierno, 53 nuevos cargos políticos. Luego, la actual administración del Ejecutivo dio marcha atrás con esas designaciones.
El relevamiento también detalla que “no existe registro de asesores o colaboradores de los legisladores puntanos”.
El informe completo se puede leer aquí.
Ruido es “una red nacional de periodistas de investigación, expertos en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles”, describe su página web. Poder Ciudadano, en tanto, se define como “una fundación apartidaria y sin fines de lucro que nació en 1989 como iniciativa de un grupo de personas preocupadas por la defensa de los derechos cívicos en nuestro país”, en su sitio online.
Para el relevamiento, afirma el informe, contaron con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Fundación Federalismo y Libertad.