El Superior Tribunal busca fortalecer la autonomía judicial: las claves del proyecto

El Superior Tribunal de Justicia presentó al vicegobernador, Ricardo Endeiza, un proyecto de Ley de “Fortalecimiento de la Autonomía financiera, económica y funcional del Poder Judicial de la Provincia de San Luis”.

La iniciativa plantea la necesidad de incrementar la disponibilidad de recursos y ampliar la posibilidad de disponer de ellos para garantizar la plena independencia de ese poder del Estado.

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En su artículo 1°, la propuesta incorpora como financiamiento del servicio de justicia “el cinco por ciento (5%) de la totalidad de Fondos de Coparticipación Federal que perciba la Provincia de San Luis. La Ley de Presupuesto Anual incrementará dicho porcentaje si las necesidades funcionales del Poder Judicial de la Provincia así lo exigen”.

Mientras que el artículo 2° establece que “la Tesorería General de la Provincia transferirá automáticamente, en forma diaria, a una cuenta específica del Poder Judicial, el monto de los fondos de Coparticipación Federal”.

En los fundamentos, el proyecto señala que existen “limitantes normativas, presupuestarias y funcionales que obstruyen la efectiva vigencia de la independencia del Poder Judicial que garantiza, en forma expresa, la Constitución de la Provincia”.

Al respecto, amplios sectores del arco político y entidades intermedias y profesionales se han expresado públicamente en favor de la autonomía financiera del Poder Judicial.

La relación entre la restricción de recursos financieros con la ineficiencia operativa estructural que se endilga a la Justicia es directa, remarca. En este sentido, enumera que, con el actual sistema de financiamiento, se obstaculizan las designaciones de agentes, adecuaciones en el sistema edilicio, innovación en el sistema informático, fortalecimiento de oficinas de gestión unificada y demás reformas administrativas.

Además, indica que “resulta imposible la implementación de una política salarial por parte del Superior Tribunal de Justicia que responda a la idoneidad, responsabilidad y profesionalismo que se le exige a magistrados, funcionarios y personal judicial”.