El rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNVIME), Marcelo Sosa, dio detalles sobre la denuncia contra una funcionaria de la gestión anterior de la institución, que derivó en el pedido de declaración indagatoria de la involucrada, por manipulación en la liquidación de sueldos.
El fiscal federal subrogante de la sede descentralizada de Villa Mercedes, Federico Baquioni Zingaretti, solicitó el llamado a declaración indagatoria de la exsecretaria de Hacienda de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Claudia Alejandra Grando, a quien se imputa haber introducido modificaciones en el sistema de gestión del personal de esa casa de estudios para alterar percepciones de haberes, modificando descripciones, categorías y cálculos para la liquidación de salarios, y entorpeciendo la labor de los agentes administrativos encargados de gestionar el sistema.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Sosa, un mes después de su asunción como rector.
“Cuando tuvimos que pagar el primer mes de sueldo, advertimos errores en las liquidaciones y nos dimos cuenta de que habían alterado las fórmulas del sistema de sueldos. Por ejemplo, una docente que cobraba 200 mil pesos pasó a tener un sueldo de 21 millones de pesos, porque se alteró la antigüedad y otros ítems”, describió el titular de la casa de estudios superiores villamercedina.
Sosa aclaró que, de todas maneras, pudieron corregir la alteración a tiempo para evitar que la maniobra impactara en los salarios. “Al frustrarse la maniobra, se ponía en duda la liquidación del primer mes de sueldo de nuestra gestión. Fue un daño específico, doloso e intencionado, porque solo podía hacer este ardid alguien que tenía acceso a los sistemas”, señaló.
La denuncia por la alteración en la liquidación de sueldos
Sosa indicó que, ante la detección de la maniobra, desde la UNVIME solicitaron una auditoría a expertos informáticos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que determinó el usuario que realizó la acción. Con esos datos, presentaron la denuncia ante la Justicia Federal el 7 de diciembre.
“Antes de que nosotros asumiéramos, una usuaria estaba mucho tiempo activa. Cuando asumimos, empezó a ingresar por uno o dos minutos a la hora del almuerzo, cuando había menos personal. En esos momentos, se incorporaba información que distorsionaba la liquidación de sueldos”, agregó Sosa.
El rector afirmó que siente “muchísima vergüenza” por lo ocurrido en la casa de estudios.
El fiscal Baquioni Zingaretti imputó a Grando por daño informático en la modalidad de alteración, agravado por haber sido ejecutado con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad y por recaer sobre un sistema informático destinado a un servicio público, en concurso ideal con la figura de abuso de autoridad.
