El proyecto del gobierno nacional, promovido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), busca eliminar el Sistema Único de Prestaciones Básicas. La desregulación permitiría que cada organismo financiador establezca el arancel que considere conveniente, generando una marcada desigualdad en la calidad de los servicios ofrecidos.
Una profesional e integrante de la Asociación de Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), Johana Contreras, explicó el nomenclador que establece precios uniformes para obras sociales y que «dejaría desprovistas a las personas con discapacidad que cuentan con la cobertura del estado. Quienes puedan pagar servicios privados, podrán continuar con sus terapias».
El miércoles pasado, miles de personas se movilizaron en diferentes puntos del país convocadas por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de Derechos de Personas con Discapacidad, para detener el decreto del gobierno nacional que busca desregular las prestaciones para este sector.
La medida, promovida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado del presidente Javier Milei, pretende que prepagas y obras sociales determinen libremente los costos de las prestaciones sanitarias, desplazando la responsabilidad regulatoria del Estado.
Contreras indicó que hay profesionales que cobran dentro de 60, 90 o más días. Este cambio implicaría que solo quienes puedan costear los servicios tendrían acceso a ellos, dejando desprotegidos a millones de personas con discapacidad que dependen de la cobertura estatal o de obras sociales para recibir atención, dijo.
La desregulación permitiría que cada organismo financiador establezca el arancel que considere conveniente, generando una marcada desigualdad en la calidad de los servicios ofrecidos: “Habrá obras sociales que tengan mayor oferta de prestadores que en otras”.
“No es una cuestión potable y sostenible en el tiempo, es como para poner un parche que dura poco porque la presión que es mucha y que hay muchas personas con discapacidad a partir de un accidente, un ACV, personas con diabetes, si no estamos mirando que esto se agranda no vamos a poder llegar con ninguna política pública de forma coherente, es importante reconocer eso”, sentenció la especialista de área de discapacidad.
En un contexto donde 8 de cada 10 personas con discapacidad están en condiciones de vulnerabilidad económica, la desregulación propuesta podría empeorar significativamente su situación.
