La polémica por la titularización de cargos en los Institutos de Formación Docente Continua (IFDC) de la provincia sigue vigente, mientras se espera la resolución de los recursos administrativos presentados por los profesores afectados por la medida del gobierno de Claudio Poggi.
El reclamo comenzó a finales del año pasado, cuando el gobernador, quien asumió el 10 de diciembre, anuló un decreto de su antecesor, Alberto Rodríguez Saá, que garantizaba estabilidad laboral a los docentes.
En octubre del año pasado, el entonces mandatario provincial firmó el decreto N° 10.000, que establecía que los docentes a cargo de una cátedra serían titularizados tras haber aprobado dos reválidas.
Poggi modificó esa disposición y extendió a cinco las reválidas necesarias. Así, de los 350 docentes titularizados, solo 35 mantuvieron su condición.
Pablo Muract, docente del IFDC de Villa Mercedes, calificó la medida como un intento de “disciplinamiento” por parte de la administración actual. Recordó que la estabilidad laboral de los docentes era un reclamo de más de 20 años, escuchado por el Ejecutivo solo en los últimos meses del año pasado, aunque la situación cambió poco después.
Muract explicó que las reválidas, según el Gobierno de turno, se rinden cada 3, 4 o 5 años. Con el decreto 10.000, un docente lograba la titularización tras estar más de 8 años en el cargo; ahora, necesitará casi 20 años para obtener esa estabilidad.
Antes de ese decreto, y ahora nuevamente, “cada docente, al finalizar su nombramiento, queda despedido y debe concursar nuevamente para conservar su cargo”, resaltó. Si la reválida se demora, el docente queda sin salario hasta que se regularice la situación.
Muract sostuvo que la decisión de Poggi afecta la calidad educativa: en los comienzos del IFDC, educadores de San Juan, Rosario, Mendoza, Río Cuarto y otras ciudades se radicaron en San Luis. Sin embargo, muchos de ellos decidieron regresar a sus lugares de origen al no contar con estabilidad laboral.
Además, señaló que surgieron nuevas restricciones: “Ahora, para titularizar no se puede tener juicios o recursos administrativos contra el Estado provincial. Por ejemplo, si un docente reclama a DOSEP por un servicio deficiente y presenta un recurso, no podrá rendir la reválida”, advirtió.
Finalmente, concluyó: “Esta medida busca disciplinarnos, para que no reclamemos ni hagamos ruido”.
