- Por María Eugenia Catalfamo, licenciada en Comunicación Social, especial para SanLuis24
Después de la sesión del pasado miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación donde los legisladores de las diferentes fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para ir en contra de la transferencia de $100 mil millones para la SIDE en concepto de gastos reservados para tareas de inteligencia, este jueves el Senado de la Nación se sumó al batacazo político y le dio sanción definitiva al Proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria que recompondrá los haberes de los adultos mayores.
El Presidente Javier Milei sin dudas atraviesa un momento político complicado. Ya sin aliados en el Congreso de la Nación y según él mismo dijo, vetaría la recomposición de haberes jubilatorios si el Poder Legislativo Nacional decidía sancionar el proyecto. Lo hecho, ¡hecho está! Y finalmente la política argentina se puso de acuerdo y comenzó a cumplir sus funciones para las cuales fueron elegidos como representantes del pueblo y de las provincias.
Mucho se ha dicho en el último tiempo respecto de la manera intempestiva a través de la cual gobierna Javier Milei. Nuestro país tiene una forma de gobierno que es Representativa, Republicana y Federal por lo que ejercer el poder por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia, debería ser una excepción a la regla: cuando exista, como bien se define, Necesidad y Urgencia. Sin embargo, desde que asumió el 10 de diciembre pasado se han modificado cientos de leyes y se ha intervenido en la cotidianeidad de las personas con estos instrumentos que aún hoy siguen vigentes ocasionando daños que serán irreparables.
Respecto de la movilidad jubilatoria que este jueves debatieron los senadores de la nación en el recinto, los legisladores de Unión por la Patria (Peronismo), así como los representantes del PRO y de la UCR, decidieron ir en contra del deseo del Ejecutivo Nacional de perjudicar a los jubilados que durante toda su vida aportaron para poder tener una vejez sin vulnerabilidades, y acompañaron el proyecto que promueve un aumento total del 20,6% de la jubilación respecto de enero pasado. Así, la jubilación mínima llegará a $308.000.
En un país donde los datos indican que el 55% de la población es pobre y casi un 18% es indigente, es imposible desconocer que muchos de esos pobres e indigentes son personas mayores. Las garantías para el día de mañana poder contar con una jubilación que permita cubrir las necesidades básicas, están dadas por una transferencia intergeneracional de aportes que provee de ingresos suficientes a las personas en su etapa de retiro. El problema radica en que gestiones neoliberales o libertarias como la que hoy conduce Javier Milei, buscan restringir derechos, menoscabar los haberes jubilatorios o reducir el número de beneficiarios.
Por el contrario, quienes creemos en una patria y una sociedad más justa e inclusiva en donde las personas valen por igual a lo largo de toda su vida, entendemos que el problema debe solucionarse con una discusión mucho más amplia del sistema previsional, con mayores acuerdos y consensos, con aportes de quienes más capacidad de contribución posean, y fundamentalmente con trabajo formal y registrado que permita un aporte directo.
Es importante comprender que el Sistema Previsional Argentino hoy abarca a más del 95% de las personas mayores y es un sistema solidario y equitativo donde el Estado asume un rol fundamental del cual no puede desligarse por el simple hecho de que forma parte de sus obligaciones constitucionales de velar por la vida y los derechos de las personas.
Si en algunas horas el Presidente de la Nación decide vetar por decreto esta recomposición salarial que ya es Ley, seguramente se verá envuelto en un nuevo escándalo político y social por atentar en contra de quienes se comprometieron y dieron lo mejor de sí en su etapa activa y hoy solo quieren que sus esfuerzos rindan frutos para las generaciones venideras.
