El caso llegó al Máximo Tribunal a partir de una solicitud judicial presentada por una pareja que deseaba cesar en la criopreservación de sus embriones.
En el marco de esta acción, cuyo objetivo era obtener autorización judicial para interrumpir la criopreservación de tres embriones, la Corte Suprema exhortó al Congreso de la Nación a que, en uso de sus atribuciones constitucionales, regule específicamente la materia. El caso llegó al Máximo Tribunal tras una queja presentada por el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Los hechos del caso giran en torno a una pareja que tenía la intención de descartar los embriones crioconservados, los cuales habían sido creados mediante técnicas de reproducción humana asistida. La Clínica Procrearte S.A. exigió una autorización judicial para interrumpir la criopreservación.
Aunque el Juzgado Nacional en lo Civil N° 77 emitió una decisión desfavorable para la pareja, la Sala I de la Cámara revocó esa resolución. La Cámara consideró que, dado que no existía controversia entre las partes respecto a la finalización del contrato con la Clínica Procrearte S.A., no era necesaria una autorización judicial para el descarte de los embriones. Según la Cámara, los actores estaban habilitados para decidir el destino de los embriones sin que la clínica pudiera oponerse, permitiendo así cumplir con el deseo de los peticionarios.
Ante esta decisión, el Fiscal General de la Cámara interpuso una queja que llegó a la Corte Suprema. Basó su legitimación en el artículo 120 de la Constitución Nacional, que asigna al Ministerio Público la función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En cuanto al fondo del asunto, el Fiscal consideró que la Cámara había omitido valorar los argumentos de los Ministerios Públicos en relación con la existencia de normas que obligarían a garantizar alguna protección a los embriones.
Antes de expedirse, el Tribunal dio vista a la Procuración General. El procurador interino, Ezequiel Casal, coincidió con el Ministerio Público Fiscal en que debía revocarse la decisión de la Cámara, ya que se habían ignorado las normas citadas por la fiscalía que obligarían a asegurar alguna protección a los embriones humanos generados mediante técnicas de reproducción asistida.
Sin embargo, la Corte descartó la aptitud procesal del Ministerio Público Fiscal para presentar el recurso. Consideró que, en este caso, dicho organismo no revestía la calidad de «parte» y agregó que los actores habían consentido la decisión que puso fin al pleito, la clínica que preserva los embriones manifestó no tener interés en ser parte del litigio, y la titular del Ministerio Público de la Defensa había desistido del recurso de queja.
Aunque la Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto, subrayó la importancia de la problemática y la incertidumbre que genera en los distintos sujetos involucrados en las técnicas de reproducción humana asistida con criopreservación de embriones. En este sentido, exhortó al Congreso de la Nación a regular la materia.
En su voto, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó que el Ministerio Público Fiscal intentó asumir una tutela que, según la ley, corresponde específicamente al Ministerio Público de la Defensa. Rosatti señaló que, aunque el fiscal invocó como interés la defensa de los embriones criopreservados, la intervención en defensa de este interés particular ha sido atribuida legalmente a la otra rama del Ministerio Público (art. 43 y concordantes de la ley 27.149). Cabe destacar que en este caso, la titular del Ministerio Público de la Defensa había desistido de la queja presentada por su adjunto.
Además, Rosatti recordó la disposición transitoria del Código Civil y Comercial que establece que “la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial”. Así, el Congreso Nacional difería la regulación de los embriones no implantados al dictado de una ley especial. «No obstante, esa norma no ha sido aún sancionada, de modo que el Poder Legislativo no ha cumplido el compromiso asumido hace ya una década», concluyó.
Fuente: Palabras del Derecho
