El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó la suspensión nacional de X (ex Twitter) tras la negativa de su propietario, Elon Musk, de nombrar un representante en el país y cumplir con las órdenes de moderación de contenidos.
La medida se tomó en el marco de la causa “Milicias Digitales”, que investiga los atentados ocurridos en Brasilia el 8 de enero de 2022. El juez De Moraes busca identificar a los miembros de grupos sospechosos de difundir noticias falsas en redes sociales.
El 17 de agosto, X anunció el cierre de sus oficinas en Brasil, incumpliendo la legislación local que obliga a las redes sociales a tener un representante legal. Diez días después, De Moraes ordenó a Elon Musk designar a un responsable, pero solo recibió memes y bromas en la propia plataforma.
El multimillonario calificó la decisión judicial como “excesiva” y la consideró un acto de “censura”. El 31 de agosto, la red social dejó de funcionar en el territorio brasileño.
Viviana Petracini Cerdeiro, abogada y especialista en delitos informáticos y ciberseguridad, explicó que X se negó a firmar el convenio del Gobierno de Brasil para brindar información que permitiera detener los mensajes de odio de los usuarios. “El Gobierno de Brasil logró acuerdos con otras redes sociales para que colaboren en la detención de mensajes de odio. X no firmó ese acuerdo, lo que llamó la atención del juez”, detalló.
Petracini Cerdeiro subrayó que la postura de Musk responde a su defensa de una libertad de expresión total, una idea que ha mantenido desde que adquirió la ex red del pajarito. “Siempre se manifestó como un firme defensor de la libertad de expresión absoluta, incluso en casos que pueden no ser saludables”, afirmó.
Esta “libertad de expresión total” facilitó la difusión de mensajes de ultraderecha, basados en la política de X de no censurar la libre opinión de sus usuarios. La justicia brasileña busca identificar a los responsables de las cuentas que difunden noticias falsas y mensajes de odio. “X considera que eso viola la privacidad de sus usuarios”, explicó la abogada.
Petracini Cerdeiro resaltó que, para frenar estas conductas, es fundamental la educación, pues depende de los usuarios qué contenidos se replican y a qué se presta atención.
Para completar la suspensión, el juez De Moraes ordenó a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y a empresas como Apple, Google, proveedores de internet y operadores de telefonía como Claro, Tim y Oi, bloquear el acceso a la aplicación “X” en Brasil. Como resultado, los usuarios no pueden acceder a la plataforma desde dispositivos con una dirección IP brasileña.
De Moraes también prohibió el uso de medios tecnológicos alternativos, como VPN, para disfrazar la ubicación del dispositivo y acceder a X. Se impondrá una multa de R$ 50.000 (US$ 10.000) por día a quienes intenten evadir esta restricción.
