La ministra de Seguridad de la provincia, Nancy Sosa, afirmó este viernes que más de 100 personas vinculadas a su cartera habrían presentado certificados médicos falsos para justificar licencias de salud en los últimos dos años.
Entre los involucrados se encuentran policías, agentes penitenciarios y empleados de otras áreas del Ministerio, detalló la funcionaria.
El Gobierno informó que hasta el momento se tomaron medidas administrativas contra 101 trabajadores de distintas dependencias del Ejecutivo. A 68 contratados se les rescindió el vínculo laboral, mientras que a 33 agentes de planta permanente se les inició un sumario administrativo. Los sancionados pertenecen a los Ministerios de Educación, de Salud, de Seguridad y al Escalafón General.
Sin embargo, la ministra Sosa advirtió que el número de sospechosos solo en su cartera podría superar los 100.
En relación con los policías y agentes penitenciarios implicados implicados, la Ministra indicó, en declaraciones a la prensa, que las sanciones son equivalentes a las aplicadas al resto del personal: rescisión de contratos para los empleados temporales y sumarios administrativos para los de planta permanente.
La investigación comenzó en la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia luego de que un médico denunciara la venta de certificados falsos con su firma en redes sociales. Según las pesquisas de la Fiscalía, una pareja de empleados públicos lideraba la maniobra, con la colaboración de otras personas.
Por el caso, Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo, señalados como principales responsables, permanecen detenidos con prisión preventiva. En un principio, enfrentaban cargos por falsificación de documentos públicos y privados, pero esta semana se les imputó también asociación ilícita.
Además, Graciela Apaza Señani, comerciante que tiene un «polirrubro», fue acusada de participar en la red de falsificadores. La fiscal María Alejandra Quiroga Nassivera, a cargo de la causa, busca determinar si existen otros integrantes en la organización.
