El presidente del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, Eduardo Allende, afirmó este viernes que ese poder del Estado cumplirá con la ley que obliga a los funcionarios a realizarse narcotest.
La norma, impulsada por el gobierno de Claudio Poggi y sancionada por la Legislatura, establece que los funcionarios jerárquicos y políticos de los tres poderes del Estado provincial deben someterse a un narcotest anual y aleatorio.
“Es una disposición institucional que busca cuidar la salud y la función de cada uno”, señaló Allende tras encabezar un acto de asunción de nuevos magistrados, secretarios y fiscales en la Justicia puntana, en el Salón Blanco del Palacio de Justicia de la ciudad de San Luis.
El titular del STJ remarcó: “Daremos cumplimiento acabado a la ley”. Además, recordó que el procedimiento es aleatorio y no voluntario, y que los resultados son “datos sensibles”.
Aunque la Ley de Ejemplaridad y Coherencia de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico aún no está vigente ni está reglamentada, tanto el gobernador Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza (en su carácter de presidente del Senado) como funcionarios del Ejecutivo se sometieron a los tests de manera voluntaria.
“Los argentinos debemos ser esclavos de la ley; sin ley no hay libertad real. Si hay una ley, la vamos a respetar. Estamos a la espera de la reglamentación”, añadió el presidente del máximo órgano judicial de la provincia.
Allende también advirtió que el presupuesto de la Justicia no contempla el costo de los estudios toxicológicos para los funcionarios. Por ello, solicitaron al ministro de Gobierno, Facundo Endeiza, un refuerzo económico.
“El costo de cada estudio está valuado en 100 mil pesos aproximadamente. En el Poder Judicial somos 300 funcionarios, lo que implicaría un gasto total de 30 millones de pesos”, explicó el magistrado.
