El 29 de marzo de 2025, un terremoto de magnitud 7,7 golpeó el centro de Myanmar, cerca de la ciudad de Mandalay. Minutos después, una réplica de magnitud 6,7 intensificó el caos, dejando más de 1.700 muertos en el país y al menos 18 en la vecina Tailandia. La OMS ha clasificado este desastre como una emergencia de grado 3, el nivel más alto de su protocolo de respuesta.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que las lesiones traumáticas sufridas por las víctimas, junto con el limitado acceso a atención médica y servicios de salud en Myanmar, han generado un alto riesgo de infecciones. La interrupción de los suministros de electricidad y agua, junto con las condiciones sanitarias precarias, también incrementan el peligro de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminada.
La OMS estima que se necesitan 8 millones de dólares para cubrir las necesidades sanitarias más urgentes durante los próximos 30 días. Esta suma se destinará a salvar vidas, prevenir enfermedades y estabilizar los servicios de salud esenciales en las áreas más afectadas.
A pesar de los esfuerzos de rescate, las réplicas continuas dificultan las labores de búsqueda de sobrevivientes. La mañana del 30 de marzo, un pequeño sismo sacudió Mandalay, causando pánico y obligando a los residentes a abandonar sus viviendas. A las 14:00 horas (hora local), un nuevo temblor de magnitud 5,1 forzó la suspensión temporal de las labores de rescate.
Con las comunicaciones interrumpidas en muchas áreas, la magnitud total del desastre sigue siendo incierta, y se prevé que el número de víctimas aumente significativamente en los próximos días.
En un giro inusual, el gobierno militar de Myanmar, bajo el liderazgo de Min Aung Hlaing, ha solicitado ayuda internacional, destacando la magnitud de la tragedia. Este llamado es notable dado que, en desastres anteriores, las autoridades rechazaron la asistencia extranjera.
