Abogados y la Fiscalía de Instrucción N°2 de la primera circunscripción judicial apelaron, ante el Tribunal de Impugnaciones, la resolución del Juzgado de Garantías N° 2, que ordenó la prisión preventiva por 30 días de Yris Garay, la joven de 23 años acusada de causar la muerte de su pareja, Brandon Bustos, luego de rociarle combustible y prenderlo fuego.
La defensa de la imputada solicitó que se le dicte a la imputada la prisión domiciliaria; mientras que el fiscal Esteban Roche pidió que se revoque ese fallo y que se amplié la prisión preventiva a 120 días en el Servicio Penitenciario Provincial.
Los planteos fueron expuestos este miércoles a la mañana ante el tribunal integrado por Laura Molina, en la presidencia, y Jorge Sabaini Zapata y Yanina Del Viso, quienes luego de escuchar a cada una de las partes pasaron la causa a resolver y en los próximos días darán a conocer su decisión.
A Garay se le imputa el delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por el ensañamiento” en perjuicio de Bustos, su pareja y con quien tenía un hijo de un año y dos meses. El hecho ocurrió el 17 de octubre pasado, a las 23.00, en la casa 5 de la manzana J del barrio 1º de Mayo, al oeste de la capital puntana.
Los abogados defensores, Esteban Bustos, Maximiliano Correa Fernández y Claudio Pérez Calderón, solicitaron al tribunal que la mujer sea beneficiada con la prisión domiciliaria por el derecho a la lactancia de su hijo. Por esto, propusieron como domicilio la casa de la madre de Garay, ubicado en el barrio San Martín y plantearon como posibilidad la colocación de un dispositivo dual electrónico para hacer más riguroso el control.
“También ofrecemos una caución juratoria personal para garantizar que nuestra defendida se va a someter al proceso. Ella no soporta el encierro, extraña mucho a su hijo y se debe velar por el interés superior del niño. El pequeño está en periodo de lactancia y necesita de su mamá. Tampoco cuenta con recursos económicos para irse a otro lado”, dijo Bustos.
Roche, por su parte, solicitó que se rechace el pedido de la defensa, que se revoque el fallo emitido el 27 de octubre de 2023 por Ariel Parrillis, y que se amplíe se le dicte la prisión preventiva a Garay por 120 días.
“Estamos ante un delito de índole intrafamiliar y que cualquier otro tipo de medida de coerción que se dicte en la presente causa no va a sacar el riesgo de peligro de entorpecimiento que existe ya que muchos de los testigos son parientes de la imputada y de la víctima, son personas conocidas” dijo.
Respecto al pedido de prisión domiciliaria realizado por los abogados defensores, el fiscal expresó que el interés superior del niño no implica necesariamente que esté conviviendo con la mamá y mencionó un fallo de la Cámara Federal de San Martín, Buenos Aires, que rechazó el pedido de domiciliaria para una madre de cinco hijos. En esta causa, los jueces entendieron que la prisión preventiva debe mantenerse “en procura de asegurar los fines del proceso que se le sigue en orden a un delito con una expectativa de pena grave, por el cual el Estado se comprometió a investigar, perseguir y sancionar”.
“Tenemos que conviven dos derechos. Por un lado, el que sostiene el pedido de la prisión domiciliaria que es el interés superior del niño, pero por el otro también hay un interés estatal en la persecución penal de este tipo de delitos tan graves. Desde la Fiscalía pedimos que se rechace la prisión domiciliaria, más encontrándonos en el inicio de la causa”, sostuvo Roche.
Y agregó: “La defensa manifestó también que existía la posibilidad de una pulsera electrónica y entiendo que antes de ordenar este tipo de dispositivos hay trámites administrativos previos. Hasta el momento no tenemos ningún informe agregado a la causa respecto a la factibilidad de la pulsera”, sostuvo Roche.
El abogado de la familia de la víctima, Iván Coria, adhirió a lo expresado por el Ministerio Público Fiscal y agregó que se trató de un hecho premeditado de acuerdo a los testimonios de los testigos de la causa.
