Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo, los miembros de la pareja acusada de falsificar certificados médicos, permanecerán en prisión preventiva durante 30 días. Así lo resolvió este martes la jueza de Garantía N°2, Agustina Dopazo, en una audiencia de formulación de cargos dentro de la investigación por la emisión de documentos falsos.
Ambos enfrentan cargos por asociación ilícita y defraudación en la administración pública. En la misma audiencia, la magistrada imputó a Graciela Apaza Señani, señalada como tercera integrante de la banda, quien deberá firmar el libro de Fiscalía durante 90 días y no podrá salir de la provincia.
El caso surgió a partir de la denuncia de un médico que descubrió la venta de certificados médicos falsificados con su nombre en redes sociales. Además, la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia detectó irregularidades en justificativos presentados por empleados públicos.
La pareja acusada de falsificar y vender certificados médicos
En un allanamiento al domicilio de la pareja Tonelli-Toledo, la Policía encontró pruebas incriminatorias. Según la investigación, Tonelli ofrecía los certificados, Toledo gestionaba los pagos y, además, los usaba para beneficios personales. Apaza Señani, por su parte, se encargaba de imprimir los documentos falsificados.
Durante la audiencia, la fiscal adjunta María Quiroga Nassivera detalló que, tras la imputación inicial del 26 de septiembre, los acusados continuaron con su actividad delictiva, emitiendo nuevos certificados falsos los días 11 y 24 de octubre. Por este motivo, la Fiscalía sostiene que los acusados tenían un acuerdo previo con una división clara de tareas.
El fiscal de Instrucción N°3, Esteban Roche, solicitó la prisión preventiva por peligro de fuga y entorpecimiento de la causa. “Ambos continuaron delinquiendo pese a las medidas coercitivas y podrían destruir pruebas clave o influir en testigos”, argumentó.
El abogado defensor de Tonelli y Toledo, Federico Farías, rechazó las acusaciones y sostuvo que no hay pruebas de asociación ilícita ni peligro de fuga, destacando que sus clientes tienen problemas de adicciones. Diego Zunino, defensor de Apaza Señani, afirmó que no hay suficientes elementos para sostener la acusación de asociación ilícita, aunque no se opuso a las medidas coercitivas.
