Seis camiones de Naciones Unidas cruzaron ayer por fin el paso de Bab el Hawa desde Turquía hacia la provincia siria de Idlib, regida por facciones yihadistas y milicias rebeldes . Así lo anunció el secretario general de la ONU, António Guterres. Sin embargo, no se trataba de los materiales que esperaban los rescatistas sino de la ayuda que llega de forma más o menos periódica, y que estaba retenida al haber quedado afectada por el seísmo la carretera turca que conduce a Bab el Hawa. “Estamos decepcionados, nos desesperamos por un equipamiento que nos ayude a salvar vidas debajo de las ruinas”, decía un comunicado de los Cascos Blancos, que estos días han estado desescombrando prácticamente a manos limpias.

El ministro turco de Exteriores, Mehvut Cavusoglu, dijo el miércoles que estaba trabajando para la apertura de otros dos pasos hacia Siria, y que permanecen cerrados por presiones de Rusia en favor del régimen sirio. De igual modo, la Administración Autónoma del norte de Siria, es decir, el territorio que los kurdos llaman Rojava, intentó infructuosamente llevar ayuda a Afrin, algo más al norte, zona ocupada por Turquía y milicias sirias afines, donde al parecer la ciudad de Jinderis quedó destruida en un 80%.

La politización de la asistencia está siendo un problema añadido. O al menos este es el claro punto de vista de los kurdos. Los de Rojava denuncian que las zonas más afectadas por el temblor son principalmente las habitadas por población kurda, y que esta población está siendo “invisibilizada”. Hay que añadir, no obstante, que en sur y el sudeste de Turquía –en Gaziantep, Diyarbakir, Kahramanmaras, justo en el epicentro– reside además medio millón de refugiados sirios.

Poco se sabe de la situación real en ciudades como Malatya, Van, Adiyaman o Diyarbakir. Medios kurdos de Turquía e Irak afirmaban que la ayuda oficial no ha llegado.

En Diyarbakir, ciudad de 250.000 habitantes y a unos 250 kilómetros del epicentro del seísmo, el canal Sky News afirmaba el martes por la noche de la llegada de rescatistas de República Checa y Países Bajos, mientras que todos los trabajos los estaban llevando a cabo bomberos y voluntarios sin equipos especializados.

El kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) viene denunciando que no llega la ayuda oficial del servicio de emergencias del Ministerio del Interior pero que, en cambio, el Gobierno “está tratando de impedir la ayuda social y solidaria” para tener el monopolio de la asistencia, según la portavoz Ebru Günay. Es el mismo tipo de protesta que formula el partido socialdemócrata CHP. Hay que tener en cuenta que en mayo hay elecciones. Pero en el caso de la formación kurda se suma además que sobre ella pende la amenaza de ilegalización por el Tribunal Constitucional bajo la acusación de apoyar el terrorismo. Hace un mes, el HDP perdió la subvención oficial.

El inminente decreto de estado de emergencia en las diez provincias afectadas por el terremoto durante tres meses es visto claramente por los kurdos como un intento de aprovechar la catástrofe para incrementar la represión. El presidente Erdogan, durante una visita ayer a Gaziantep, justificó el estado de emergencia como una medida para prevenir saqueos y para frenar a “aquellos que tratan de abusar de este proceso con fines políticos”.

Fuente: La Vanguardia