El Tribunal de Impugnación de la segunda y tercera circunscripción judicial confirmó la prisión preventiva por cuatro meses para el imputado de “ofrecimiento, facilitación, divulgación,  distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASNNA), agravado por tratarse de menores de 13 años”, que había sido detenido en el marco del mega operativo llamado “Red Federal Alerta II”.

La audiencia había sido solicitada por la defensa del acusado para revisar la medida de coerción.

El Tribunal, para sostener la prisión preventiva, tuvo en cuenta “el tipo de delito, la modalidad, el riesgo que expone a niños, niñas y adolescentes, el interés superior del niño, las pruebas contundentes, las pericias que faltan, la posibilidad de entorpecer el proceso y de adulterar la prueba existente”.

El imputado, de 60 años, está alojado en el Servicio Penitenciario Provincial desde el 5 de mayo.

Pascual Celdrán, abogado defensor, solicitó que se revocara la prisión preventiva “ya que resulta gravosa, desproporcional y exagerada y carece de fundamento”. Además, sostuvo que “no hay peligro de fuga ya que su defendido posee arraigo a la cuidad y a su familia”, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.

El letrado también mencionó razones de salud del imputado, por lo que solicitó que, si no se revocaba la prisión, al menos sea domiciliaria o por un plazo menor.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal integrado por María Monserrath Bocca, Cintia Paola Martin y Jorge Sabaini Zapata resolvió confirmar la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses.

El acusado fue capturado el 26 de abril, en el marco de un procedimiento que incluyó 60 allanamientos conjuntos y coordinados en distintas provincias de la República Argentina, que tenía como finalidad desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso infantil, que operan en todo el mundo. La Operación “RED FEDERAL EN ALERTA II” se inició a partir del trabajo conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina; el U. S. Department of Homeland Security de los Estados Unidos; y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones 2 Judiciales, que facilitó el acceso al sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil.