La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción este miércoles al Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar impulsado por el gobernador Claudio Poggi. El proyecto establece un esquema de refinanciación para personas con deudas en mora y contempla beneficios fiscales para las entidades financieras que adhieran.
La iniciativa fue aprobada por 30 votos afirmativos y 9 negativos.
El proyecto alcanza a deudas que tengan una mora superior a tres meses al momento de la eventual sanción de la ley. Para acceder al programa, los deudores deberán tener domicilio en San Luis con una antigüedad mínima e ininterrumpida de dos años.
La propuesta incluye deudas provenientes de préstamos personales, tarjetas de crédito y otras asistencias financieras. También podrán participar bancos, proveedores no financieros de crédito, empresas de tecnología financiera y otras entidades autorizadas por el Banco Central.
Cómo funcionará la refinanciación
Los planes deberán establecer un plazo de amortización de al menos 24 meses y un período de gracia de dos meses como mínimo.
La tasa nominal anual no podrá superar en más de 10 puntos porcentuales a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR). Además, la cuota no podrá representar más del 30% de los ingresos del grupo familiar.
El proyecto también establece que las entidades no podrán cobrar gastos administrativos, comisiones ni honorarios adicionales por otorgar la refinanciación.
Durante el tratamiento legislativo, la diputada Eugenia Gallardo explicó que el programa busca atender una problemática que, de acuerdo con los legisladores que respaldaron la iniciativa, afecta a distintos sectores de la población.
“Es una problemática que está presente hoy en San Luis: el endeudamiento”, sostuvo Gallardo durante la sesión.
El texto aprobado también permite consolidar deudas de distintas entidades. A partir de un pedido de UPCN incorporado al despacho, podrán incluirse compromisos pendientes por servicios públicos de competencia provincial, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. Gallardo mencionó como ejemplo las deudas con EDESAL.
Beneficios fiscales para las entidades
Para promover la adhesión de bancos y otras entidades crediticias, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a eximir del pago de Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos a las operaciones vinculadas con los planes de refinanciación.
El beneficio tributario deberá traducirse, de acuerdo con la iniciativa, en mejores condiciones para las familias que ingresen al programa.
Además, las entidades que quieran acceder a los beneficios deberán implementar programas gratuitos de capacitación sobre planificación de las finanzas familiares y prevención del sobreendeudamiento.
Incentivos para el consumo
El proyecto también incorpora un esquema de estímulo al consumo local. Las entidades que adhieran podrán presentar programas con descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras modalidades de beneficios.
A cambio, podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% del monto efectivamente otorgado a los usuarios.
El diputado Nicolás González Ferro defendió esta parte de la iniciativa y sostuvo que la reducción de las cuotas permitiría liberar una parte de los ingresos de las familias para destinarla al consumo.
“Esta situación no responde al financiamiento de bienes durables o de inversión, sino a la cobertura de gastos corrientes de subsistencia, como alimentos, servicios públicos y alquileres”, señaló González Ferro durante el debate.
El legislador también sostuvo que la medida podría tener impacto sobre el comercio local al aumentar el ingreso disponible de las familias.
ATE y otros sectores participaron del debate
Antes de la sesión, la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía recibió a representantes de APUNSL, UPCN, ADU, el Centro de Almaceneros de San Luis, la Cámara de Comercio de San Luis y ATE para analizar la propuesta.
A pedido de UPCN, el despacho aprobado incorporó la posibilidad de incluir en la refinanciación las deudas por servicios públicos de competencia provincial, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. Durante el debate, Gallardo puso como ejemplo las deudas con EDESAL, por lo que los usuarios que mantengan facturas pendientes con la distribuidora podrían incluir esos compromisos en el esquema de regularización.
El proyecto obtuvo ahora media sanción y deberá ser tratado por el Senado provincial para completar el trámite legislativo.
