Una pareja mendocina fue desalojada tras comprar un terreno que ya había sido vendido al cantante Abel Pintos y su socio. El caso, que comenzó en 2022 en el departamento de Lavalle, derivó en una denuncia por usurpación y una investigación judicial por estafa.
El conflicto comenzó a fines de 2022, cuando el banco HSBC ofreció a la venta 93 hectáreas en San Francisco, un distrito rural de Lavalle, provincia de Mendoza. Estas tierras pertenecían a la quebrada empresa Olive Grove, y fueron adquiridas por el cantante Abel Pintos y su socio con fines productivos.
Aunque la escritura fue formalizada recién en junio de 2024, el compromiso de compraventa ya estaba firmado desde el año anterior. Pero antes de que se completara el trámite legal, una familia de escasos recursos compró un lote dentro de ese mismo terreno, lo que desató una disputa judicial.
En febrero de 2024, Alberto “Tito” Angulo y su esposa Yésica Ferreira adquirieron por $1.500.000 un lote de 1.500 metros cuadrados. Lo compraron luego de ver una publicación en redes sociales que ofrecía terrenos en un emprendimiento llamado “Placer de Olivos”.
El vendedor fue Rafael Morales, quien afirmaba haber trabajado para Olive Grove y vivir en el predio desde hacía más de 20 años. Presentó planos, documentos y firmó una cesión de derechos posesorios ante una escribana, lo que convenció a la pareja de que la operación era legítima.
Durante meses, Angulo y Ferreira invirtieron en cerrar el terreno, construir una entrada y comenzar a establecer su hogar junto a sus cuatro hijos. Pero en noviembre de 2024, la situación dio un giro inesperado.
Durante una visita a la finca por parte de Abel Pintos y su socio, junto con el intendente de Lavalle, Edgardo González, descubrieron que el terreno estaba ocupado. De inmediato, se presentó una denuncia penal que recayó en la fiscalía de Juan Carlos Alessandra.
La justicia imputó al matrimonio por usurpación de inmueble y ordenó el desalojo. El operativo se llevó a cabo el miércoles 28 de mayo, dejando a la familia sin hogar. Actualmente viven en condiciones precarias, alojados en una pequeña casilla en el terreno de un conocido.
Angulo asegura que actuaron de buena fe y que tienen todos los documentos y comprobantes que respaldan la operación. Solicitan que se retire la denuncia y que se reconozca su inocencia. El jueves 5 de junio deberán presentarse a una audiencia judicial que podría definir su situación procesal.
La fiscalía también abrió una causa para investigar a Rafael Morales, el presunto estafador que vendió terrenos sin ser el propietario legal. Desde hace dos meses se desconoce su paradero, y su testimonio es clave para esclarecer el caso.
Morales habría aprovechado el tiempo entre la firma del compromiso de venta entre el banco y los socios y la escrituración final, para realizar negocios paralelos de forma fraudulenta.
Fuentes cercanas a Abel Pintos confirmaron que la compra fue legal, que el artista no participó directamente en la operación ni en las acciones judiciales, y que todo fue delegado a sus representantes legales. «El caso está cerrado para nosotros», aseguraron.
A pesar del escándalo, el proyecto productivo en Mendoza sigue en marcha.
