Desde el 23 de marzo de 2025, la moratoria previsional que permitía regularizar aportes dejó de estar vigente en Argentina. La decisión del gobierno de Javier Milei afecta a más del 60% de quienes cumplen la edad jubilatoria este año, especialmente a mujeres, y generó un fuerte impacto social y político.
La moratoria previsional que permitía acceder a la jubilación a personas sin 30 años de aportes quedó sin efecto el 23 de marzo de 2025. La medida alcanza a todas las normativas transitorias anteriores, incluida la ley 27.705, vigente desde 2023. Solo permanece activa la ley 24.476, que permite regularizar aportes anteriores al 30 de septiembre de 1993.
Esta decisión, adoptada por el gobierno de Javier Milei, limita la posibilidad de jubilarse exclusivamente a quienes cuenten con los 30 años de aportes requeridos o puedan comprar períodos previos a 1993.
Según estadísticas del propio gobierno, en 2025 unas 403.066 personas alcanzan la edad necesaria para jubilarse. Sin embargo, 241.984 no reúnen los aportes suficientes. Esto representa al 60% de la población en edad jubilatoria que queda excluida del régimen contributivo.
La desigualdad es aún más marcada entre las mujeres: siete de cada diez no podrán acceder a la jubilación. Entre los hombres, el 50% enfrenta la misma situación al cumplir los 65 años.
Un sistema afectado por la informalidad laboral
La raíz del problema: millones sin aportes registrados
El alto nivel de informalidad laboral es una de las principales causas de la falta de aportes. Más de 8 millones de personas trabajaron sin registrar contribuciones previsionales, en muchos casos por decisión del empleador. Esta realidad afectó a generaciones enteras que ahora llegan a la edad de retiro sin respaldo contributivo.
En 2024, el 75% de las jubilaciones otorgadas (313.950 de 427.505) se realizaron gracias a algún régimen de moratoria. Desde 2005, más de 3,8 millones de personas accedieron a una jubilación a través de estos planes.
PUAM: la única alternativa sin aportes
Actualmente, quienes no cumplen con los requisitos para jubilarse pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta pensión, establecida por la Ley de Reparación Histórica de 2016, otorga el 80% del haber mínimo y no exige años de aportes, aunque tampoco brinda derecho a pensión por fallecimiento.
Desde junio de 2025, el monto mensual de la PUAM es de $243.779,14, con la posibilidad de sumar un bono de $70.000. Así, el total asciende a $313.779,15 para quienes cobran el haber mínimo.
Regularización limitada con la ley 24.476
A pesar del fin de la moratoria reciente, sigue vigente la ley 24.476, que permite comprar años de aportes anteriores a septiembre de 1993. El beneficio aplica a personas que hayan trabajado antes de esa fecha y tengan los años restantes con aportes posteriores.
Por ejemplo, un varón que cumpla 65 años en 2025 puede adquirir hasta 15 años de aportes si tiene al menos otros 15 posteriores a 1993. En el caso de las mujeres, pueden regularizar hasta 10 años, siempre que cuenten con 20 años registrados desde esa fecha.
La deuda previsional generada puede pagarse en un solo pago o en hasta 60 cuotas, con actualización semestral.
Proyecto opositor en el Congreso y rechazo del oficialismo
Ante el impacto de la eliminación de la moratoria, la oposición logró aprobar en Diputados un proyecto para restituirla y reactivar el sistema de regularización de aportes. La iniciativa aún debe ser tratada por el Senado.
El presidente Javier Milei ya anticipó su rechazo a través de la red X:
“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin.”
La exclusión de cientos de miles de adultos mayores del sistema jubilatorio profundizó el debate sobre el rol del Estado y los derechos previsionales, convirtiéndose en una de las disputas más tensas entre el oficialismo y la oposición.
