El Gobierno de Córdoba fue denunciado tras detectarse la compra de Viagra con fondos públicos para el Servicio Penitenciario provincial. La medida, justificada como parte de tratamientos médicos crónicos, generó controversia entre funcionarios y la ciudadanía.
El vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, Beltrán Corvalán, denunció que el Servicio Penitenciario de la provincia adquirió Sildenafil —comercializado como Viagra— utilizando recursos estatales. La compra figura en una factura correspondiente a abril de 2024, junto con otros insumos como cremas, anticonceptivos y productos de higiene personal.
Corvalán calificó el gasto como “escandaloso” y lo hizo público a través de su cuenta en la red social X. Además, cuestionó la falta de insumos en hospitales públicos, comparando esa situación con lo que consideró una asignación innecesaria de recursos a personas privadas de libertad.
Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), el jefe del Departamento de Sanidad, Ariel Salari, explicó que el Sildenafil forma parte de tratamientos indicados por médicos externos para internos con enfermedades crónicas, como hipertensión pulmonar e hiperplasia prostática benigna.
Según datos oficiales publicados por La Voz del Interior, en 2024 había cuatro reclusos con esas patologías dentro del régimen de tratamientos médicos crónicos. En 2025, la cifra se redujo a tres.
Salari detalló que las cremas humectantes se destinan a internos con afecciones dermatológicas como psoriasis. Además, señaló que la entrega de preservativos responde a políticas de salud pública y mandatos judiciales que buscan prevenir enfermedades de transmisión sexual en el entorno penitenciario.
“La compra de estos medicamentos responde a indicaciones médicas, no a decisiones administrativas arbitrarias”, aclaró el funcionario.
El vocal Corvalán insistió en que la compra no está respaldada por documentación médica suficiente. “No figura ninguna historia clínica ni indicación formal que justifique la adquisición”, señaló. Estimó que el monto invertido rondaría el millón de pesos y criticó el aumento de impuestos en paralelo con este tipo de gastos.
La polémica por la compra de Viagra para internos del sistema penitenciario cordobés reabre el debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y el equilibrio entre el derecho a la salud de las personas privadas de libertad y la gestión de los recursos estatales. Mientras las autoridades defienden su uso médico, desde la oposición exigen mayor control y rendición de cuentas.
