El gobierno de Bolivia denunció el asesinato de un policía con dinamita, presuntamente a manos de seguidores de Evo Morales. El hecho ocurrió en medio de protestas que llevan 11 días y exigen la renuncia del presidente Luis Arce.
El viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera, confirmó este jueves el asesinato del policía Christian Calle, quien habría sido secuestrado por manifestantes afines al expresidente Evo Morales. Según Aguilera, el agente fue asesinado con un explosivo colocado en su abdomen, una acción calificada como brutal y sin precedentes.
El hecho ocurrió en Llallagua, un poblado minero del departamento de Potosí, donde se registraron los enfrentamientos más violentos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en los últimos días.
La crisis que enfrenta el gobierno de Arce
Desde hace 11 días, sectores vinculados a Evo Morales bloquean rutas en distintas regiones de Bolivia, exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce. Los manifestantes lo acusan de la crisis económica y de manipular las instituciones judiciales para impedir la candidatura de Morales en las elecciones presidenciales previstas para agosto.
Hasta este jueves, se contabilizaban 19 bloqueos activos, aunque en días anteriores el número había sido mayor, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Policías y civiles entre las víctimas
Los disturbios han dejado un saldo de cinco muertos: cuatro policías y un campesino. Tres agentes murieron el miércoles por impactos de bala durante un intento fallido de desbloqueo en Llallagua. El jueves se halló el cuerpo de Christian Calle, el policía asesinado con explosivos. En tanto, un campesino falleció en Cochabamba al manipular un artefacto explosivo, según informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
Tensión por la inhabilitación de Morales
El conflicto tiene su raíz en la imposibilidad legal de Evo Morales de postularse nuevamente como presidente. Un fallo judicial impide más de una reelección, pero el exmandatario, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, intenta competir nuevamente.
El gobierno sostiene que Morales busca desestabilizar el proceso electoral para forzar una postergación de la primera vuelta. El exmandatario, de 65 años, permanece en el Chapare —su bastión político— desde octubre de 2024, protegido por seguidores, pese a una orden de detención por un caso de trata de menores que él niega.
