Los imputados por recibir una transferencia millonaria del Gobierno provincial y haber gastado ese dinero no tendrán prisión preventiva ni deberán abonar la fianza de 30 millones de pesos que la justicia les había impuesto en un primer momento.
El abogado de los acusados, Hernán Echeverría, confirmó a SanLuis24 que, por ahora, el procesamiento continúa, pero con los involucrados en libertad.
El origen del caso: un error en la transferencia de la cuota alimentaria
La causa judicial se inició el 6 de mayo cuando Verónica Acosta recibió más de 510 millones de pesos en su cuenta judicial, gestionada a través de la billetera virtual de Mercado Pago. La mujer esperaba, en realidad, solo la cuota alimentaria correspondiente a ese mes.
Tras el inesperado ingreso de dinero, Acosta realizó compras de alto valor y transfirió abundantes montos a ocho de sus familiares. Cinco de elloss quedaron involucrados en la investigación judicial, bajo sospecha de haber participado en la utilización indebida de los fondos.
La denuncia, el procesamiento y la apelación de la defensa
Fiscalía de Estado denunció la situación apenas detectó la irregularidad. Después de una serie de allanamientos ordenados por la justicia, se dispuso el procesamiento de Acosta y sus cinco familiares. A cada uno se le había impuesto, inicialmente, una fianza de cinco millones de pesos para evitar la prisión preventiva, una medida que buscaba asegurar su comparecencia en el proceso.
El abogado Hernán Echeverría apeló esta medida, bajo el argumento que sus defendidos estuvieron siempre a disposición de la justicia. La defensa sostiene que los acusados no realizaron ningún ardid ni engaño para obtener el dinero, sino que la transferencia se originó en un error ajeno a su voluntad.
Todos los involucrados enfrentan acusaciones por defraudaciones especializadas por el uso de tarjeta de débito continuado, fraude a la administración pública y retención indebida.
La decisión del Tribunal de mantenerlos en libertad sin fianza marca un giro en el desarrollo inicial de la causa, que continúa su curso judicial para determinar responsabilidades.
