Durante mayo, el ajuste en el sistema científico argentino se profundizó. Bajo el gobierno de Javier Milei, el INTA, el INTI y el CONICET sufrieron importantes recortes presupuestarios, afectando su funcionamiento y generando preocupación en la comunidad científica.
Según el informe más reciente del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), el Gobierno nacional continúa con una política de recorte sobre los principales organismos científicos. A junio de 2025, la ejecución presupuestaria del INTI cayó un 26,5 %, la del INTA un 19 % y la del CONICET un 18,7 %, acumulando una caída superior al 33 % desde diciembre de 2023.
Esta reducción afecta tanto a la investigación como a la producción de conocimiento aplicado, debilitando uno de los sectores estratégicos para el desarrollo del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es una de las instituciones más golpeadas. Su director en Bariloche, Mauro Sarasola, señaló que la planta de personal se redujo en un 10 % en promedio, con picos de hasta el 17 % en esa sede. El congelamiento de vacantes, la falta de reemplazos por jubilación o renuncias, y los planes de retiro voluntario son las principales causas.
Además, Sarasola advirtió sobre un decreto en preparación que podría desmantelar la gobernanza del organismo, actualmente integrada por representantes del Estado, universidades y el sector agropecuario. Este modelo de gestión ha sido clave para garantizar la autonomía técnica del INTA.
El Instituto Nacional del Agua (INA), otro actor clave en la gestión de recursos hídricos del país, también atraviesa un escenario de máxima vulnerabilidad. Denuncias de sus trabajadores advierten que de los 280 empleados actuales, podrían quedar solo 50. Incluso se evalúa la posibilidad de reemplazar el organismo por una empresa privada.
El INA cumple funciones fundamentales: monitorea ríos, previene inundaciones, gestiona sequías y aporta datos para la toma de decisiones gubernamentales. Además, actúa como mediador en conflictos diplomáticos vinculados a los recursos hídricos.
Romina Batistella, investigadora del INA en el Centro Regional de Aguas Subterráneas (San Juan), explicó que el instituto cuenta con siete centros regionales distribuidos en el país: en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Ezeiza y San Juan. Cada uno aborda problemáticas específicas, desde el monitoreo de acuíferos hasta la emisión de alertas por crecidas de ríos.
El INA está protegido por la Ley Bases hasta junio, pero su continuidad posterior es incierta, lo que genera preocupación entre los trabajadores y especialistas en gestión hídrica.
Fuente: Noticias
