El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado este jueves a 13 años de prisión por malversación de fondos públicos durante la reconstrucción tras el terremoto de 2016. La sentencia fue emitida por la Corte Nacional de Justicia, que también penalizó a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció al exvicepresidente Jorge Glas a 13 años de cárcel por su implicación en actos de corrupción vinculados a fondos destinados a la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de 2016. La causa, conocida como “Reconstrucción”, reveló el desvío de recursos que debían destinarse a obras prioritarias en zonas devastadas.
La resolución fue dictada por unanimidad por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena. Glas fue hallado culpable de malversar fondos en su rol como presidente del Comité de Reconstrucción de Manabí, organismo creado para gestionar la recuperación de las zonas afectadas.
Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité, también fue condenado a 13 años de prisión. Ambos deberán pagar una multa equivalente a 60 salarios básicos unificados (USD 28.200) y una indemnización al Estado por USD 250 millones. Además, se les retiraron sus derechos de participación por 25 años.
Según la Fiscalía, los condenados impulsaron proyectos no prioritarios utilizando recursos de la Ley de Solidaridad, creada específicamente para asistir a los damnificados. Se comprobaron irregularidades en 11 obras que, en lugar de atender la emergencia, beneficiaron a intereses particulares.
El Ministerio Público sostuvo que muchas de estas obras fueron adjudicadas a empresas vinculadas con allegados a los funcionarios, con pagos inflados o contratos complementarios innecesarios.
Defensa sin éxito y vínculos familiares
Glas defendió su accionar alegando que no manejó dinero ni firmó contratos. Sin embargo, la jueza Mercedes Caicedo aclaró que, aunque no haya firmado directamente, su intervención fue clave para aprobar proyectos fuera del marco de emergencia.
En el caso de Bernal, el tribunal consideró probado que facilitó el flujo de dinero a instituciones que posteriormente adjudicaron obras a empresas relacionadas con su familia, generando un perjuicio económico superior a los USD 225 millones.
Consecuencias políticas y judiciales
Además de las penas impuestas, los jueces ordenaron que se inicien nuevas investigaciones a los beneficiarios de los contratos asignados por el Comité, especialmente aquellos vinculados a la familia Bernal Alvarado. Esta sentencia marca un nuevo capítulo en la trayectoria judicial de Glas, quien ya enfrentaba otros procesos por corrupción.
