A casi seis meses del asesinato de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela, la causa sigue sin detenidos. Mientras la Justicia avanza lentamente, las familias están divididas por dos hipótesis: un crimen en contexto de inseguridad o un posible móvil ritual vinculado a una congregación religiosa.
El 27 de enero de 2024, Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) salieron de sus casas con la intención de ir al gimnasio. Nunca llegaron. Tras dos días de búsqueda desesperada, sus cuerpos fueron hallados en un descampado cercano a las vías del tren, en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela.
Las autopsias confirmaron que ambos murieron por golpes en la cabeza que causaron hemorragias cerebrales. La causa fue caratulada como “homicidio criminis causa”, es decir, un asesinato cometido para ocultar otro delito. Sin embargo, cuál fue ese delito aún es materia de debate.
La teoría del contexto de abandono
El abogado Aníbal Osorio, representante de la madre de Paloma, sostiene que el crimen ocurrió en un escenario de marginalidad e inseguridad estructural. Según su análisis, el terreno donde fueron encontrados los cuerpos estaba frecuentado por personas en situación de calle, sin iluminación, vigilancia ni control estatal.
Para Osorio, las condiciones del lugar fueron determinantes: «Las huellas del territorio hablan», afirmó, descartando cualquier connotación religiosa o ritual. En su estrategia, solicitó peritajes genéticos para analizar un tercer perfil de ADN hallado en la escena.
Sospechas sobre una congregación evangelista
Por otro lado, el abogado Carlos Dieguez, que representa a los padres de Josué, impulsa una hipótesis más compleja. Asegura que el crimen podría estar vinculado a una congregación religiosa informal llamada “Familias Sanas”, que opera cerca del descampado y que frecuentaban allegados a Paloma.
Dieguez solicitó el allanamiento de un galpón donde se reunía la congregación. En el procedimiento, se secuestró un teléfono celular que está siendo analizado por peritos en cibercrimen para detectar posibles pistas.
El letrado sostiene que en el predio, hoy en proceso de remate judicial, podrían haberse desarrollado actividades con tintes “sectarios o rituales”.
Las diferencias entre ambas líneas de investigación derivaron en un conflicto entre los abogados. Osorio incluso renunció a representar al padre de Paloma, alegando “diferencias irreconciliables en la estrategia”. “Cada uno sostiene una verdad distinta”, expresó públicamente.
Mientras tanto, el fiscal Darío Provisionato, de la UFI N°1 de Florencio Varela, mantiene una postura técnica. Ordenó nuevos análisis genéticos a los familiares de las víctimas para comparar perfiles y continúa revisando el material digital incautado.
