El Gobierno nacional anunció la disolución de Vialidad Nacional y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas, en el marco de un anuncio en el que se detallaron los 65 decretos que emitió para desregular, cerrar y fusionar organismos en el marco de las facultades delegadas que le concedió el Congreso y que vencen este martes.
Durante la conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hicieron un repaso sobre los decretos que se firmaron en el marco de las facultades delegadas. «En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos» a partir del cierre y la fusión de organismos, dijo el portavoz y aseguró: «Este es la primera etapa del plan motosierra que, como saben y lo hemos dicho mil veces, esta motosierra en lo que respecta a nosotros es infinita».
En el mismo sentido, Sturzenegger explicó que las facultades delegadas no son «un instrumento para gobernar, sino resolver un tema puntual».
«Fue por un año, el presidente Javier Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero si quería un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas», sentenció y agregó: «No vamos a buscar prorrogar».
Las transformaciones fueron llevadas adelante por el Gobierno nacional tras la reglamentación de la Ley Bases que, junto al DNU 70/2023, configuran un paquete de reformas del Estado de carácter histórico. Las principales desregulaciones y recortes de gasto del Ministerio se dieron en los siguientes ámbitos: empleo público, reforma laboral, alquileres, industria y comercio, transporte y sector automotor.
A partir de los 65 decretos delegados se hicieron las siguientes modificaciones:
Se disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, de la que les hablé anteriormente, una organización que se controlaba a sí misma: por algo tuvimos la causa Vialidad.
Se eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de Fuerzas de Seguridad, ahora la tarea la hará Gendarmería que controla 2.500.000 vehículos por año y realiza 80.000 puntos de control.
Adiós a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que había quedado prácticamente sin competencias con la desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros. Las funciones de control de Trenes y Servicios Públicos pasarán a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Se unificó la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e INAREPS constituyendo la “ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”.
Se eliminaron las Delegaciones Sanitarias Federales –estructuras inactivas y sin funciones operativas– y se dejó sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura de SAMIC.
Se transformó el Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa interna del propio Ministerio, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria.
Se reorganizaron funciones dentro del ANLIS Malbrán para optimizar capacidades y evitar duplicaciones en el abordaje de enfermedades transmisibles. Se disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical de Anlis-Malbrán, que duplicaba funciones con los institutos Dr. Chaben y Dr. Maiztegui, también del Anlis-Malbrán.
Se disolvió el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015 pero nunca implementado.
Fuente: Ámbito
