El 8 de julio de 2024 se promulgó la Ley Bases en Argentina, con promesas de inversión, crecimiento y empleo. Sin embargo, a un año de su implementación, los resultados muestran un panorama opuesto: mayor precariedad laboral, caída de la inversión extranjera directa y aumento de impuestos regresivos, según un informe del CEPA.
La “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, promulgada el 8 de julio de 2024 tras seis meses de intensos debates parlamentarios, fue presentada por el gobierno de Javier Milei como el punto de partida para una transformación económica estructural. Con 142 votos a favor en Diputados, la ley otorgó amplios poderes al Ejecutivo, implementó reformas fiscales y laborales, y sentó las bases para privatizaciones y desregulaciones.
Un año después, el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que los objetivos prometidos —aumento de inversiones, generación de empleo y crecimiento económico— no se cumplieron. Por el contrario, se observa un retroceso en varios indicadores clave.
Durante este año, el Ejecutivo dictó 157 decretos en el marco de la Ley Bases. En ese período, se eliminaron nueve organismos estatales, más de veinte fideicomisos y programas específicos relacionados con la obra pública, la ciencia, la tecnología y la vivienda social.
Asimismo, seis empresas estatales fueron convertidas en sociedades anónimas o puestas en proceso de privatización, mientras otras como Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación o la Casa de la Moneda sufrieron vaciamientos o cambios estructurales, aunque quedaron fuera del listado oficial.
La política de privatización también alcanzó sectores estratégicos como la energía nuclear y minera, generando preocupación sobre la soberanía en recursos clave para el desarrollo nacional.
Uno de los pilares de la Ley Bases fue la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), orientado a atraer capital extranjero mediante beneficios fiscales y cambiarios. Sin embargo, el informe del CEPA señala que solo se aprobaron cinco proyectos —cuatro de ellos preexistentes— y que no se desembolsó ni un dólar en Inversión Extranjera Directa (IED).
Del total de las presentaciones, el 58% corresponde a proyectos vinculados a YPF, como Sal de Oro o Carbonatos Profundos. A pesar de los anuncios, el balance cambiario del BCRA en materia de IED arroja un saldo negativo de 1.500 millones de dólares desde diciembre de 2023.
Además, entre abril y mayo de 2025 se registró una fuga de capitales superior a los 5.200 millones de dólares por formación de activos externos, superando ampliamente las inversiones comprometidas bajo el RIGI para los próximos dos años.
Más monotributistas, menos puestos registrados
La Ley Bases también introdujo modificaciones al régimen laboral, incluyendo la condonación de deudas por empleo no registrado, eliminación de sanciones a empleadores y la extensión del período de prueba para nuevos trabajadores.
No obstante, lejos de mejorar la formalidad, la tasa de empleo informal pasó del 40,8% al 42% entre el primer y último trimestre de 2024. En paralelo, se perdieron 115.353 empleos registrados en el sector privado, mientras aumentó la cantidad de trabajadores monotributistas.
Los cinco proyectos bajo el RIGI apenas generarían 1.616 empleos directos, lo que representa solo el 20,7% de los puestos destruidos desde la llegada de Milei al poder.
Suben los impuestos al salario y bajan los tributos a la riqueza
En el plano tributario, la Ley Bases redujo la alícuota del impuesto a los Bienes Personales, uno de los tributos más progresivos, provocando que su participación en la recaudación cayera del 2,9% (2020) al 1,4% en julio-agosto de 2024.
En contrapartida, se restituyó el impuesto a las Ganancias para los asalariados, pasando de afectar al 1,7% de los trabajadores al 12,2%, lo que provocó una mayor presión sobre la clase media formal.
