El juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández por presunta corrupción en la causa conocida como «Seguros», vinculada a contrataciones estatales con intermediarios cercanos a su entorno. La medida incluye un embargo por más de $14.600 millones.
Causa Seguros: procesaron a Alberto Fernández por incompatibilidad de funciones
El origen de la investigación
La Justicia investiga la contratación de seguros por parte de entes estatales a través del Banco Nación, utilizando como intermediarios a brokers allegados a Alberto Fernández. El juez Casanello determinó que el exmandatario habría favorecido los negocios del broker Héctor Martínez Sosa —amigo personal y esposo de su exsecretaria, María Cantero— mediante un esquema de contrataciones direccionadas.
La acusación se basa en la supuesta «connivencia» del expresidente con el entorno privado beneficiado, lo que configuraría una incompatibilidad en el ejercicio de su cargo público.
Qué dice el fallo judicial
Promoción de intereses privados desde el Estado
En el fallo de 400 páginas, Casanello sostuvo que Fernández promovió públicamente a empresarios cercanos como parte de un “plan de expansión de negocios”, dándoles visibilidad y legitimidad ante organismos públicos. Esa conducta habría habilitado contrataciones irregulares y la inclusión de coaseguradoras privadas a través de Nación Seguros.
Además, la resolución señala que existió una relación más allá de la amistad: hubo intercambios constantes, regalos, favores personales y flujos de dinero entre los implicados, lo cual refuerza la hipótesis de un vínculo estrecho entre la esfera pública y privada durante su mandato.
Uno de los elementos centrales del expediente es el decreto presidencial firmado por Fernández, que obligaba a todas las dependencias del Estado a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A., empresa controlada por el Banco Nación. Según la Justicia, esta medida benefició de manera directa a los brokers cercanos al expresidente.
Quiénes más fueron procesados
Junto a Alberto Fernández, otras 33 personas fueron alcanzadas por la decisión judicial. Entre ellas figuran:
- María Cantero, exsecretaria del expresidente.
- Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo de Fernández.
- Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros.
Un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) habría sido determinante para avanzar en los procesamientos, al demostrar conexiones directas entre funcionarios y empresarios.
La defensa de Alberto Fernández
Al ser citado a declarar en Comodoro Py, Fernández presentó un escrito en el que aseguró no comprender los cargos. Afirmó que el decreto fue producto de una decisión colectiva, impulsada por organismos como el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Seguros.
“El decreto buscaba mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado y no puede judicializarse una decisión de índole política”, sostuvo el exmandatario.
