El Gobierno argentino desvinculó a 60 trabajadores de la Procuración del Tesoro por presuntas filtraciones en el caso YPF. La medida se enmarca en una reestructuración impulsada por Santiago Castro Videla y respaldada por la Ley de Bases. Mientras tanto, Estados Unidos expresó apoyo a la Argentina en el litigio internacional por la estatización de la petrolera.
Sospechas de filtraciones y ajuste operativo
En medio del conflicto judicial internacional por la estatización de YPF, el Gobierno nacional desvinculó a más de 60 empleados de la Procuración del Tesoro. Las autoridades sostienen que la decisión responde a una “profunda reestructuración” operativa, aunque trascendieron sospechas de filtraciones de información confidencial a fondos extranjeros.
Según el comunicado oficial, la medida busca optimizar recursos y reducir el gasto público en línea con los principios de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. También se apunta a “fortalecer la eficiencia operativa del organismo” y garantizar una defensa eficaz del Estado argentino en causas judiciales sensibles.
La conducción del organismo, a cargo de Santiago Castro Videla, destacó que además de la reestructuración interna, se redujeron gastos en viajes y comitivas oficiales.
Apoyo del Departamento de Justicia de EE.UU. a la Argentina
En paralelo a las medidas internas, la causa por la estatización de YPF sumó un capítulo internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito como amicus curiae en el juicio que enfrenta la Argentina contra fondos buitres como Burford Capital.
Este respaldo —que se interpreta como una estrategia para evitar sentar precedentes legales que afecten a otros países soberanos— coincide con la reciente apelación argentina al fallo de la jueza Loretta Preska. En junio, la magistrada ordenó la entrega del 51% de las acciones de YPF a los demandantes, sumando al anterior fallo de 2022 que establecía una indemnización de USD 16.000 millones.
Los fiscales David E. Farber y Benjamin H. Torrance, representantes del Distrito Sur de Nueva York, presentaron los argumentos en defensa de la posición argentina, ahora en manos de la Cámara de Apelaciones. Aunque el documento no es vinculante, tiene un peso político significativo.
Un respaldo que trasciende administraciones
Cabe recordar que en 2023, durante la gestión de Joe Biden, la fiscalía también respaldó la posición argentina. En aquel entonces, se advirtió que una ejecución forzada de activos violaría el principio de inmunidad soberana, al tratarse de bienes estatales.
Esta coincidencia entre administraciones estadounidenses, con gobiernos ideológicamente opuestos, subraya la preocupación común por no permitir que privados accedan a activos estatales extranjeros mediante fallos judiciales.
