Durante un encuentro del Consejo de Políticas de Infraestructura, líderes del sector empresarial intensificaron la presión sobre el Gobierno nacional para que venda parte de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La iniciativa busca financiar proyectos de obra pública paralizados, sin recurrir a fondos del Tesoro. Aunque ya hubo acercamientos con funcionarios, aún no hubo respuestas concretas.
Una alternativa al ajuste fiscal
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), propuso al Gobierno nacional utilizar recursos disponibles del FGS de la ANSES para reactivar la obra pública. Según argumentó durante un evento del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), esos fondos no provienen del Tesoro y podrían canalizarse hacia proyectos estratégicos paralizados por falta de presupuesto.
Weiss detalló que el FGS, que actualmente tiene activos por USD 60.000 millones, está obligado por ley a destinar al menos un 5% a infraestructura, pero ha ejecutado menos del 18% de ese porcentaje. Además, la norma establece que un 50% debe invertirse en sectores productivos, algo que tampoco se estaría cumpliendo plenamente.
Interés del sector privado en recuperar control accionario
Varios empresarios manifestaron interés en que el Estado venda su participación accionaria en compañías privadas, lo que les permitiría recomprar sus títulos y remover al Estado de los directorios. Según datos de la ANSES, en abril de 2025 el paquete accionario del FGS estaba valuado en USD 9.181 millones, casi el doble del valor que tenía al inicio del actual Gobierno.
Sin embargo, el valor de mercado podría ser considerablemente mayor. Algunas estimaciones privadas colocan ese total entre USD 45.000 y USD 60.000 millones si se vendieran en bloques estratégicos.
El oficialismo buscó flexibilizar la gestión del FGS
El equipo económico liderado por Luis Caputo ya había intentado modificar las condiciones legales que regulan el uso del FGS. En el primer borrador de la Ley de Bases, el Gobierno propuso eliminar restricciones que impiden la venta de activos sin autorización del Congreso. Sin embargo, tras el debate legislativo, esa iniciativa fue descartada y las limitaciones siguen vigentes.
Reclamo por la coparticipación del impuesto a los combustibles
Durante el encuentro del CPI, también se reclamó que el Gobierno distribuya lo recaudado por el impuesto a los combustibles, aprobado por el Senado y pendiente de tratamiento en Diputados. Los gobernadores buscan que estos fondos lleguen a las provincias, mientras el presidente Javier Milei amenaza con vetar la medida para mantener el superávit fiscal.
En este contexto, Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, destacó la necesidad de financiar obras vía mercado de capitales, mientras Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, advirtió sobre los riesgos que enfrentan los empresarios al invertir en infraestructura sin garantías de rentabilidad futura.
