La Justicia dictó prisión preventiva por 120 días a Sergio Fares, acusado de rapto y abuso sexual contra un adolescente de 15 años, el pasado domingo 6 de julio. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantía en feria, Natalia Lazarte Otero, quien encabezó este viernes la audiencia de formulación de cargos, tras vencerse la prórroga de ocho días solicitada por la defensa.
La magistrada resolvió procesar al imputado, de 51 años, y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.
El hecho denunciado
Fares está acusado de amenazar con un arma al adolescente en inmediaciones del boliche Vesania, sobre la calle Chacabuco, en la ciudad de San Luis, y obligarlo a subir a su auto. Luego lo habría llevado a su domicilio, en Las Heras casi Hipólito Yrigoyen, donde se habría producido el abuso sexual.
Postura de la defensa
El abogado defensor, Ricardo Gutiérrez Esley, sostuvo que “algunas medidas tomadas son claves y sustanciales”, y mencionó el resultado negativo de los hisopados y la falta de hallazgo de un arma en el domicilio. Solicitó la falta de mérito y la libertad inmediata de su cliente. En caso contrario, propuso el arresto domiciliario, argumentando que el caso tomó estado público y el imputado estaría en riesgo.
Argumentos de la Fiscalía
La fiscal de Instrucción Penal con Intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N°1, María Delia Bringas, se opuso al pedido de libertad. “Creemos que existen aún pruebas a producir. Llevamos solo diez días desde el hecho. Hemos realizado numerosas pruebas. Restan muchas más”, afirmó.
También refutó la versión de la defensa sobre los exámenes toxicológicos: “Se encontraron opiáceos en orina y un 0,3% de alcohol en sangre. Estamos hablando de un menor de 15 años hallado en la vivienda de un adulto de 51. Eso lo coloca en una situación aún más vulnerable”.
Acompañamiento institucional
El Defensor de Niñez y Adolescencia N°1, Sebastián Privitera, respaldó la postura de la Fiscalía: “Más allá de la cámara Gesell, tenemos testimonios que ubican a una persona de 50 años en su domicilio con un adolescente. ¿Qué hizo el imputado para asegurarse de que no era menor de edad? Tenemos serios indicadores de que el abuso existió”. Justificó la prisión preventiva por peligro de fuga y expectativa de pena.
La abogada querellante, Graciela Muñoz Guanca, aseguró que “el adolescente nunca prestó consentimiento para mantener ningún tipo de relación o contacto con el imputado. Fue obligado a subir a un vehículo en contra de su voluntad”.
Resolución judicial
La jueza Lazarte Otero concluyó que “los hechos narrados por la fiscalía y la evidencia colectada permiten sostener provisoriamente la acusación”. Afirmó que no hay pruebas suficientes presentadas por la defensa que habiliten una falta de mérito. También destacó el peligro de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a la víctima, “quien se encuentra en una doble situación de vulnerabilidad”.
