Este lunes se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga posibles hechos delictivos en la Casa de la Música del Molino Fénix, ubicada en la ciudad de Villa Mercedes.
Durante la audiencia, se debatió sobre el peritaje de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos secuestrados a los imputados. La nueva defensa de Joaquín Beltrán solicitó la suspensión de la audiencia, un plazo para revisar el expediente y la devolución del teléfono de su defendido, argumentando que fue adquirido después de haber cesado sus funciones en la institución.
La defensora oficial en lo penal, Cecilia Mithiaux, con adhesión de otras defensoras y del defensor particular de uno de los imputados, solicitó que se desista del peritaje alegando que el Ministerio Público Fiscal no habría cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 139, incisos a y b, del Código Procesal Penal, referidos a la cadena de custodia y a la especificación detallada de los datos a extraer.
Según la defensa, los puntos de pericia fueron notificados con apenas dos horas de antelación a la audiencia, y se presentaron como vagos, incompletos e imprecisos. Además, señalaron que los dispositivos fueron secuestrados en noviembre y que el Ministerio Público estaría incumpliendo los plazos legales, además de otras órdenes emitidas en el expediente.
Por su parte, la Fiscalía sostuvo que la información a extraer es relevante para la investigación, especialmente las comunicaciones entre los imputados, intercambio de documentos y otros elementos vinculados a los hechos denunciados.
Luego de la exposición de las partes, el juez de Garantía, Santiago Ortiz, resolvió rechazar la devolución del teléfono de Beltrán por considerar que el dispositivo está vinculado a la investigación. También autorizó la extracción de información de los dispositivos tecnológicos de los imputados y de dos personas más que habrían dado su consentimiento, de acuerdo al informe de la Fiscalía.
La pericia abarcará el análisis de comunicaciones entre el 1 de enero de 2023 y el 26 de diciembre de 2024, incluyendo llamadas, mensajes de texto, redes sociales, fotografías, videos e intercambio de archivos contables. No se analizarán comunicaciones con terceros ajenos a la causa, con el fin de resguardar el derecho a la intimidad.
Finalmente, la defensa de los imputados anticipó que apelará la resolución judicial.
