Burford Capital, fondo británico beneficiario en el juicio contra Argentina por la expropiación de YPF, cuestionó ante la Corte de Nueva York la injerencia del gobierno de Estados Unidos, calificándola de inusual y sin fundamentos sólidos. El proceso se encuentra en una etapa crítica con una condena que supera los 17.500 millones de dólares.
Burford Capital, el fondo de inversión que lidera el reclamo judicial contra Argentina por la estatización de YPF, presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazando la participación del gobierno estadounidense como amicus curiae.
Según argumentó la firma, con sedes en Londres y Wall Street, la intervención resulta “extraordinaria” y carece de base jurídica sólida. Además, criticó los fundamentos esgrimidos por EE.UU. en defensa de la inmunidad soberana argentina.
Críticas a la estrategia legal de EE.UU.
Acusan falta de respaldo político real
Burford sostuvo que el respaldo estadounidense a la posición de Argentina “no representa la visión integral del gobierno” y lo atribuyó a funcionarios “de bajo nivel” ajenos a la diplomacia estratégica.
También subrayó que el escrito oficial introdujo confusión mediática y política en Argentina, donde algunos lo interpretaron como un gesto de que el país podría eludir el pago de la millonaria sentencia.
Una disputa de alto riesgo para Argentina
Más de 17.500 millones en juego
El caso judicial, que ya lleva más de diez años, se encuentra en un punto decisivo. La Corte debe resolver si suspende una orden que obliga a Argentina a entregar sus acciones de YPF como forma de pago parcial del fallo.
Estados Unidos pidió frenar esa entrega al considerar que podría generar un “daño irreparable” a la Nación. Este pedido fue bien recibido por la Procuración del Tesoro, que remarcó el valor jurídico del respaldo norteamericano y recordó casos previos —como en 2019— donde Washington apoyó la inmunidad de Argentina ante la Corte Suprema.
Tensiones internas e investigaciones abiertas
Mientras el proceso avanza, la Procuración que lidera Santiago Castro Videla enfrenta presiones adicionales: hay una pesquisa interna en marcha por supuestas filtraciones en el manejo del caso.
