El Gobierno nacional oficializó la privatización parcial o total de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y habilitó los cortes de servicio por falta de pago. La medida, anunciada el viernes pasado, fue publicada este martes en el Boletín Oficial y afecta a la empresa con mayoría estatal.
El pasado martes se oficializó a través del Boletín Oficial el decreto que autoriza al Estado a enajenar total o parcialmente su participación accionaria en AySA, empresa encargada del suministro de agua potable y saneamiento en gran parte del país. Hasta ahora, el Estado tenía el 90% de las acciones.
La decisión ya había sido adelantada el viernes por el vocero presidencial Manuel Adorni y marca un paso decisivo en la política de privatización de servicios públicos.
Cambios en la gestión y control del servicio
Junto con la autorización para la venta de acciones, el decreto establece la posibilidad de realizar cortes en el suministro de agua por falta de pago. Esta medida implica un cambio significativo en el manejo de la empresa, que hasta ahora mantenía un fuerte control estatal y protocolos más restrictivos para la interrupción del servicio.
La privatización en un marco de debate
La privatización parcial o total de AySA abre un debate sobre el futuro del acceso al agua potable, un servicio esencial para la población. Analistas y sectores sociales expresan preocupación por las implicancias que podría tener la transferencia de control a manos privadas, especialmente en cuanto a tarifas y calidad del servicio.
El gobierno sostiene que esta medida busca mejorar la eficiencia y modernizar la gestión del servicio, pero será clave monitorear sus efectos en los usuarios.
