Marcelo Cardozo fue designado como el primer juez federal de Puerto Iguazú, una zona estratégica por su cercanía a la Triple Frontera. Su nombramiento, tras más de una década de espera, ha generado preocupación por las múltiples denuncias en su contra que incluyen corrupción, narcotráfico y abuso de poder. La polémica designación ya impacta en el funcionamiento judicial de Misiones.
Un juzgado clave tras 14 años de espera
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú fue creado por ley en 2011, pero recién comenzó a operar en julio de 2025. Esta jurisdicción es clave para combatir delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, dada su ubicación en la Triple Frontera con Brasil y Paraguay.
El magistrado a cargo es Marcelo Cardozo, ex juez de Instrucción en Posadas, designado por el decreto 643/23, firmado el 28 de noviembre de 2023, una semana antes del fin del mandato de Alberto Fernández.
Posibles conflictos con el principio del juez natural
En una medida inusual, la Cámara Federal de Misiones dispuso que otros juzgados transfieran a Cardozo todas las causas de su competencia. Este movimiento judicial sin precedentes en los últimos 30 años podría dar lugar a cuestionamientos sobre la violación del principio del juez natural.
Pero lo que más alarma no es el procedimiento judicial, sino las graves denuncias que recaen sobre el flamante juez.
Testimonios, documentos y causas que lo vinculan con delitos federales
Varios testimonios y documentos apuntan directamente contra Marcelo Cardozo por presuntos delitos como narcotráfico, lavado de dinero, venta ilegal de dólares y cobro de sobornos. Entre las denunciantes se encuentran dos de sus primas, quienes trabajaron en su juzgado y aseguran haber sido testigos de múltiples irregularidades.
Vanesa Giselle Aguirre, exempleada del juzgado, declaró haber presenciado la liberación de detenidos a cambio de dinero, el encubrimiento de homicidios y pagos irregulares por parte de la policía. Asegura haber visto incluso el ingreso de fajos de billetes al edificio judicial.
Florencia Aguirre, también denunciante y conocida en redes por exponer casos de corrupción, lo acusa de liberar asesinos a cambio de dinero. Además, afirmó haber recibido parte del dinero entregado por un imputado a cambio de su excarcelación.
Uno de los casos más graves relatados por Florencia involucra a Adrián Borda, imputado por el crimen de la docente Lucía Maidana. Según la denunciante, Borda habría pagado USD 30.000 a Cardozo para obtener la libertad, y poco después el único testigo del caso apareció muerto en un supuesto suicidio.
Desalojo violento, tierras en disputa y amenazas
José Alegre Da Silva, propietario de tierras en Garupá, frontera con Paraguay, acusó a Cardozo de haber intentado utilizar su propiedad para actividades de narcotráfico. Según relató, en 2022 se ejecutó un desalojo masivo y violento, pese a que contaba con una resolución favorable para conservar el terreno.
Da Silva presentó fotos de móviles judiciales en su propiedad y señaló que un supuesto allegado de Cardozo ofreció dos millones de pesos para comprar las tierras. Poco antes del operativo, su nieta fue secuestrada.
Además, su abogado habría sido presionado para que firmara la cesión de la mitad del terreno como condición para detener el acoso judicial. Da Silva denunció violencia física, asesinatos de animales y amenazas reiteradas.
Pedido de protección judicial y causa fuera de Misiones
Temor a represalias por parte del entorno judicial
Por temor a represalias, Florencia Aguirre presentó un hábeas corpus preventivo desde la provincia de Corrientes, solicitando que su causa no sea derivada a Misiones debido al “entramado de corrupción” que, asegura, vincula a Cardozo con actores del fuero federal.
