El Gobierno nacional apelará el fallo judicial que suspendió la intervención y disolución del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), tal como lo hizo con la resolución que frenó la eliminación de Vialidad Nacional, según anticiparon fuentes oficiales al diario Ámbito.
La decisión fue dictada por la jueza Martina Isabel Forns, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, quien resolvió a favor de una medida cautelar presentada por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) que detuvo los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/2025.
El fallo judicial y los argumentos
La magistrada Forns estableció que la medida tiene un plazo de seis meses, período durante el cual se mantendrá el statu quo del organismo. En su resolución, advirtió que el decreto “debilita la autonomía técnica del INTI” y “expone a su personal a recortes arbitrarios”.
“El DNU representa un cambio estructural que pone en riesgo la continuidad del servicio científico-técnico del INTI y los derechos laborales”, sostuvo Forns en su fallo.
La resolución judicial también afecta a otras dependencias alcanzadas por el DNU, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Antecedente: el caso Vialidad Nacional
La jueza Forns también había suspendido la disolución de Vialidad Nacional, ordenada por el DNU 461/2025. En esa oportunidad, argumentó que el organismo —con 93 años de trayectoria— corre riesgo de sufrir “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales”, lo que podría perjudicar su funcionamiento como entidad técnica autónoma.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó el 17 de julio que el Ejecutivo apelará ese fallo, alineando ambas decisiones judiciales dentro de una misma estrategia legal del Gobierno.
Eliminación de la Agencia de Seguridad Vial
El DNU 461/2025, publicado el 7 de julio —a solo dos días del vencimiento de las facultades delegadas— también eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo responsable del control de excesos de velocidad, alcoholemia y campañas de educación vial.
Desde la agencia advirtieron que esta decisión afecta a 700 trabajadores, que serían reemplazados por efectivos de Gendarmería sin formación especializada. Además, se alertó sobre la posible pérdida de control en rutas críticas y zonas de alta siniestralidad, lo que podría romper la coordinación federal con provincias y municipios.
