El Gobierno de Javier Milei se comprometió con el FMI a reducir el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y pensiones por discapacidad a partir de diciembre de 2025, una vez superadas las elecciones de medio término. El objetivo: alcanzar un mayor superávit fiscal.
Un cambio de rumbo tras los comicios
En el marco del acuerdo técnico recientemente aprobado con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional confirmó que llevará adelante una reestructuración en los criterios de acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones por discapacidad. Esta modificación, prevista para después de las elecciones de octubre, tiene como fin cumplir con las metas fiscales acordadas con el organismo internacional.
Aunque durante los primeros meses de gestión el Ejecutivo celebró haber incrementado la AUH y la Tarjeta Alimentar por encima de la inflación —lo cual fue valorado por el FMI—, el nuevo rumbo marca una estrategia de recorte, justificada por la necesidad de ajustar el gasto público.
Qué dice el acuerdo técnico con el FMI
Reducción del gasto social y metas fiscales más exigentes
El memorando firmado entre el Gobierno argentino y el FMI establece que, hacia fines de diciembre de 2025, se implementarán «controles mejorados de elegibilidad» tanto para las pensiones por discapacidad como para la AUH. Estos se lograrán mediante la creación de un registro social unificado que permitirá verificar la situación socioeconómica de los beneficiarios.
La medida responde a un requerimiento específico del FMI: generar un esfuerzo adicional equivalente al 0,3% del PBI para alcanzar un superávit fiscal del 1,6%, por encima del 1,3% previsto inicialmente. Esta exigencia surge como parte del proceso de transición hacia un nuevo esquema cambiario y la salida progresiva del cepo.El Gobierno planea completar la integración de diversas bases de datos sociales en un único sistema: el Sistema de Indicadores Sociales (SIS), administrado por el Ministerio de Capital Humano. Este sistema —que recopila información sobre pobreza, salud, educación, seguridad social y vivienda— será la herramienta principal para aplicar los nuevos filtros de elegibilidad.
El SIS se actualizaría de forma mensual, aunque su última publicación disponible corresponde a mayo de 2024. Con su consolidación, se busca «mejorar la focalización y eficiencia del apoyo social», una fórmula que, en la práctica, podría derivar en una reducción de beneficiarios.
Si bien aún no se confirma si se trata solo de restringir nuevas incorporaciones o de depurar la base actual, el uso reiterado del término “focalización” sugiere que el recorte podría impactar directamente en la nómina existente.
El Gobierno planea completar la integración de diversas bases de datos sociales en un único sistema: el Sistema de Indicadores Sociales (SIS), administrado por el Ministerio de Capital Humano. Este sistema —que recopila información sobre pobreza, salud, educación, seguridad social y vivienda— será la herramienta principal para aplicar los nuevos filtros de elegibilidad.
El SIS se actualizaría de forma mensual, aunque su última publicación disponible corresponde a mayo de 2024. Con su consolidación, se busca «mejorar la focalización y eficiencia del apoyo social», una fórmula que, en la práctica, podría derivar en una reducción de beneficiarios.
Si bien aún no se confirma si se trata solo de restringir nuevas incorporaciones o de depurar la base actual, el uso reiterado del término “focalización” sugiere que el recorte podría impactar directamente en la nómina existente.
El acuerdo también contempla medidas similares para las pensiones no contributivas por discapacidad. En este contexto, el presidente Javier Milei vetó recientemente la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo impacto fiscal estimado rondaba entre el 0,25% y 0,48% del PBI, según informes del Congreso.
Fuentes oficiales consultadas por El Destape evitaron confirmar detalles sobre la cantidad de beneficiarios que podrían quedar excluidos. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía sostuvieron que el acuerdo “no implica necesariamente un ajuste”, aunque no ofrecieron una interpretación alternativa de los compromisos asumidos.
