San Luis atraviesa una crisis ambiental silenciosa: entre 2009 y 2022, la provincia perdió 154.429 hectáreas de bosque nativo, según datos de la Fundación Vida Silvestre. Esto equivale a 27 canchas de fútbol arrasadas por día.
De ese total, 76.379 hectáreas fueron deforestadas ilegalmente, en zonas protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) establecido por la Ley de Bosques N° 26.331 de 2007.
En 2022, San Luis se ubicó como la cuarta provincia más deforestada del país, y en 2024 ya se reportan más de 20.000 hectáreas perdidas, según el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación.
Especies amenazadas y consecuencias para el ecosistema
El impacto sobre la biodiversidad es crítico. Varias especies emblemáticas de la provincia se encuentran en riesgo debido a la pérdida de hábitat, entre ellas: Mara, Conejo de los palos, Boa de las vizcacheras (lampalagua), Venado de las pampas, Águila coronada, Caldén, entre otras.
Un caso reciente registrado por la Secretaría de Ambiente evidencia esta presión: 217 ejemplares de caldén fueron talados en el establecimiento “El Verano”, propiedad de la agropecuaria COSUFI S.A., cerca de Nueva Galia.
Principales causas de la deforestación
El avance sobre los bosques nativos responde a múltiples factores:
- Ganadería intensiva y agricultura: principales motores de cambio de uso del suelo.
- Incendios forestales: en 2023, se perdieron más de 18.000 hectáreas por fuego, muchos originados por actividad humana.
- Desarrollo inmobiliario y urbano: la expansión de ciudades como Juana Koslay afecta ecosistemas locales.
El periodista especializado en ambiente y administrador de Eco Press, Maico Martini, dijo que “San Luis está entre las cinco provincias más deforestadas del país, con un ritmo de pérdida de ecosistemas y especies acelerado. Antes habitaba el Yaguareté, hoy desaparecido por la degradación del bosque”.
Ordenamiento Territorial y falta de cumplimiento
El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) clasifica los ecosistemas en tres categorías:
- Verde: conservación menor, posible cambio de uso con autorización.
- Amarilla: uso limitado a actividades específicas (turismo, investigación, infraestructura pública).
- Roja: alto valor de conservación, prohibido desmontar.
No obstante, San Luis no actualiza su OTBN desde 2014, y las auditorías indican que no se cumple la Ley de Bosques, con sanciones escasas y poco efectivas frente a desmontes ilegales.
Prevención insuficiente y desafíos por delante
La provincia cuenta con programas de prevención en colaboración con la FAO desde 2019, pero la infraestructura es limitada porque no posee aviones híbridos propios para combatir incendios forestales y depende del apoyo de la nación o provincias vecinas, lo que retrasa la respuesta ante emergencias.
Martini remarca: “La política de protección suele ir corriendo detrás de los desmontes, con pocas acciones de monitoreo y fiscalización”.
Urgencia de medidas concretas
Ante esta situación, ambientalistas y especialistas coinciden en la necesidad de:
- Actualizar el OTBN y adaptarlo a la realidad actual.
- Aumentar presupuesto para controles y sanciones efectivas.
- Invertir en infraestructura para prevención de incendios y defensa de bosques nativos.
La conservación de los ecosistemas sanluiseños no es solo una cuestión ambiental, sino también un tema de identidad y futuro sostenible para la provincia.
