La Red de Defensa al Consumidor y Usuarios (REDECU) presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra Transnoa S.A., concesionaria del transporte eléctrico en el NOA. La acusan de permitir que familias vivan bajo tendidos de alta tensión en Tucumán, incumpliendo normas de seguridad y poniendo en peligro la vida de miles de personas.
La acción judicial, patrocinada por los abogados Juan Andrés Robles y Emilio Mrad, fue impulsada por la presidenta de REDECU, Cecilia María Sánchez Blas, y el secretario Eduardo Alberto Bourle.
Se acusa a Transnoa de incumplimiento de deberes, omisión de actos funcionales, estrago culposo y generación de peligro para la seguridad pública, al no fiscalizar ni remover construcciones ilegales en áreas de servidumbre eléctrica.
Según el planteo, el 8 de agosto de 2025 se constataron viviendas dentro de la franja de seguridad de líneas de alta tensión de 132 kV en Los Pocitos, barrio Nueva Italia y barrio San Alberto.
La legislación vigente establece que estas franjas, de 38 metros de ancho, deben permanecer libres de edificaciones. No obstante, REDECU denuncia que la empresa no solo permitió la consolidación de asentamientos, sino que en algunos casos instaló cables sobre construcciones preexistentes.
La organización advierte que la exposición a campos electromagnéticos y el riesgo de accidentes eléctricos representan una grave amenaza para la salud, amparada por la Constitución Nacional, tratados internacionales y la Ley 24.065.
La jurisprudencia equipara a las concesionarias de servicios públicos con funcionarios en cuanto a sus obligaciones de prevención y seguridad, por lo que REDECU exige acciones urgentes de la Justicia Federal para proteger a las familias.
