La fiscal de Instrucción N° 5, Débora Roy Gitto, solicitó la elevación a juicio de la causa contra el médico Luis Marsicano, acusado de homicidio culposo por la muerte de Miriam Jiménez, una paciente de 38 años que falleció en mayo de 2020 en el Hospital Ramos Mejía. La Fiscalía pidió una pena de tres años de prisión efectiva y siete años de inhabilitación para ejercer la medicina.
Según la acusación, Jiménez fue operada de apendicitis el 18 de abril de 2020 por Marsicano y dada de alta dos días después. Sin embargo, continuó con fuertes dolores abdominales y, pese a acudir en reiteradas oportunidades al hospital, solo recibió medicación sin una revisión física adecuada. El 7 de mayo falleció por un “shock cardiogénico irreversible”, aunque una autopsia posterior determinó que padecía una peritonitis aguda derivada de la cirugía.
Para la fiscal Roy Gitto, existió negligencia médica al no haberse atendido correctamente las señales de una posible complicación postoperatoria. Afirmó que el tratamiento fue insuficiente y que el seguimiento médico fue deficiente, incluyendo controles a distancia mediante fotografías enviadas por la paciente.
El abogado del médico, Omar Uría, rechazó los cargos y solicitó el sobreseimiento de su defendido. Sostuvo que la cirugía fue exitosa, sin complicaciones visibles, y que Jiménez no presentó signos compatibles con una infección abdominal en los controles posteriores. Además, cuestionó el informe de autopsia y la falta de evidencia clínica que vincule directamente la muerte con la intervención quirúrgica.
Marsicano declaró que actuó según los protocolos médicos y que la evolución postoperatoria de la paciente fue favorable. Relató que los síntomas posteriores eran de origen neurológico y que fue otro equipo médico el que tomó el control del caso en sus etapas finales. Aseguró que nunca fue informado de una nueva complicación quirúrgica.
La querella, representada por el abogado Javier Ortíz Suárez, adhirió a la acusación del Ministerio Público Fiscal. La jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, consideró que la acusación reúne los requisitos legales y resolvió la apertura a juicio oral, donde se presentará prueba testimonial y documental.
Ahora, será un tribunal el encargado de determinar si hubo responsabilidad penal del profesional por el fallecimiento de la paciente en el contexto de la atención médica brindada durante la pandemia.
