Un hombre de 72 años fue imputado este jueves por el delito de facilitación, distribución, publicación y divulgación de material de abuso sexual infantil, agravado por la participación de víctimas menores de 13 años. La jueza de Garantía Nº 3, Natalia Lazarte, ordenó su prisión preventiva por 90 días, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.
La investigación se inició el 9 de junio de 2025 a partir de un informe policial que detectó la dirección IP del imputado, asociada a la empresa San Luis C.T.V, como fuente de descarga y distribución de material ilegal a través de la red BitTorrent. Según el área de Delitos Complejos, entre enero y abril se descargaron más de 2.500 archivos, de los cuales 370 fueron catalogados como de gravedad severa.
Durante el allanamiento realizado el 26 de agosto, en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, se secuestraron una notebook con la aplicación “uTorrent”, teléfonos celulares, DVDs y otros dispositivos. En la carpeta de descargas del equipo se hallaron archivos con nombres explícitos vinculados al abuso sexual de menores.
La fiscal de Género Nº 2, Antonella Córdoba, argumentó que la magnitud del material hallado y su posible circulación en redes justifican la prisión preventiva, señalando además el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. “No se trata de tenencia pasiva: el volumen y tipo de archivos indican una conducta sistemática”, sostuvo.
La Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 3, Silvina García, apoyó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, subrayando la necesidad de proteger a las posibles víctimas. “No sería prudente aplicar una medida menos restrictiva”, expresó, destacando la gravedad de los delitos cometidos desde un entorno digital y privado.
Por su parte, la defensa del imputado solicitó prisión domiciliaria alegando problemas de salud y su rol como cuidador de su esposa. Sin embargo, la fiscal Córdoba rechazó la solicitud, argumentando que los delitos digitales pueden seguir cometiéndose desde un domicilio, lo que no neutralizaría los riesgos procesales.
La jueza resolvió aplicar la prisión preventiva por 90 días, desestimando los pedidos de morigeración. Señaló que la medida es la única capaz de garantizar el curso de la investigación y proteger a las víctimas, y aclaró que el sistema penitenciario cuenta con recursos médicos suficientes para atender la salud del imputado.
