La industria pesquera argentina registró en julio una caída histórica del 82,8% interanual, alcanzando su peor nivel desde la pandemia. El desplome se debe a la baja demanda global, el conflicto sindical y la paralización del sector langostinero, clave para las exportaciones.
El dato más bajo en casi una década
Según el último Índice de Producción Industrial (IPI) pesquero, la actividad cayó un 82,8% en julio frente al mismo mes de 2024. Aunque el indicador desestacionalizado mostró una leve mejora mensual del 8,6%, la serie tendencia-ciclo marcó su piso más bajo desde los meses más duros de la pandemia de Covid-19 en 2020.
Excluyendo ese período excepcional, hay que remontarse a 2016 para encontrar un nivel tan bajo en la producción.
El derrumbe estuvo fuertemente influenciado por la casi total inactividad en la captura de crustáceos, principalmente langostinos, especie que concentra la mayor parte de la producción y las ventas al exterior.
El sector acumula en los primeros siete meses de 2025 una caída anual del 34,2%, lo que lo convierte en el rubro con mayor incidencia negativa en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC.
Las causas de la crisis pesquera
Factores globales y problemas internos
La situación responde a una combinación de elementos estructurales:
- Caída de la demanda internacional: el valor del langostino salvaje pasó de u$s12 a u$s5 por kilo debido a la sobreoferta y a la competencia con especies más baratas como el langostino vannamei.
- Bajo consumo interno: Argentina registra apenas 7 kilos per cápita al año, el nivel más bajo de la región.
- Conflicto laboral: durante cuatro meses, alrededor de 113 buques tangoneros permanecieron inactivos en puertos como Mar del Plata, Puerto Deseado y Puerto Madryn. Empresarios reclamaron modificar convenios y los gremios resistieron los recortes salariales, lo que derivó en suspensiones y despidos.
Consecuencias económicas y sociales
Pérdidas millonarias y empleo en riesgo
De acuerdo con estimaciones del sector, las exportaciones podrían haber sido u$s200 millones superiores si no se hubiera paralizado la actividad.
En el plano laboral, los sindicatos denuncian que ya hay 600 trabajadores afectados por suspensiones y despidos, aunque el impacto real alcanza a unas 5.000 familias vinculadas a la cadena pesquera.
