La abogada previsionalista María Silvia Rapisarda destacó que la reinstalación de la ley de emergencia en discapacidad, tras el rechazo del veto presidencial en el Senado, consolida derechos, garantiza financiamiento y marca un cambio de paradigma hacia la inclusión y la igualdad.
Revés político y triunfo institucional
“El rechazo del veto es un triunfo de los resortes de la democracia”, afirmó Rapisarda, quien recordó que el Congreso insistió con los dos tercios necesarios, lo que obliga al Ejecutivo a promulgar la norma.
“Esto da a las familias y a las personas con discapacidad más que una esperanza: un derecho consolidado”, sostuvo.
Cambio de paradigma
La especialista remarcó que la nueva normativa se alinea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2014.
“Pasamos de un modelo asistencial, que miraba a la persona como alguien carente, a un modelo de inclusión y de derechos. Ahora se reconoce que la discapacidad surge de la interacción con barreras sociales que impiden la participación plena”, explicó.
Beneficios centrales de la ley
Entre los principales cambios, Rapisarda subrayó:
- Nueva pensión no contributiva por discapacidad para protección social, que reemplaza el viejo régimen.
- Monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización automática.
- Compatibilidad con el trabajo hasta dos salarios mínimos vitales y móviles. Si se supera, la pensión se suspende pero no se pierde.
- Evaluación de ingresos individual, ya no por grupo familiar.
- Adicionales por invalidez laboral o zona geográfica desfavorable.
- Acceso garantizado al Programa Médico Integral (PMI) y actualización de aranceles por IPC.
- Financiamiento asegurado para prestadores e instituciones.
Impacto directo en familias y prestadores
La ley otorga estabilidad a los prestadores, que hasta ahora cobraban en forma parcial o irregular. También habilita la condonación de deudas y distintas formas de regularización, para evitar la discontinuidad en la atención.
“En la medida que se garantice el financiamiento, se asegura la continuidad de las prestaciones y el objetivo final: la inserción plena en la sociedad”, afirmó la abogada.
Una ley con horizonte
La norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga por un año más. Además, modifica tres leyes claves: el régimen de pensiones, la definición de discapacidad y la actualización automática de las prestaciones.
Restitución de pensiones dadas de baja
Rapisarda señaló que quienes hayan perdido su pensión no contributiva por cuestiones burocráticas pueden reclamar ante ANSES y, de ser necesario, recurrir a la Justicia.
“Muchas bajas fueron arbitrarias y la Justicia ya ha ordenado en numerosos fallos la rehabilitación de estos beneficios”, advirtió.
Una mirada de derechos humanos
Para Rapisarda, la sanción de esta ley responde a una visión de Estado. “Es una batalla ganada por la sociedad. Todos tenemos los mismos derechos y esta norma es una forma de garantizarlos. No se trata de beneficencia, sino de igualdad e inclusión”, concluyó.
Contacto
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