El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción Judicial resolvió este miércoles, por unanimidad, rechazar el recurso de revisión presentado por la defensa del imputado en una causa por distribución de material de abuso sexual infantil. Además, confirmó la prisión preventiva por 120 días, tal como lo había solicitado la Fiscalía de Género N° 2.
La audiencia se desarrolló en el marco de la causa vinculada al Operativo Internacional “Aliados por la Infancia”, una investigación coordinada con la Red 24/7 y la Red Federal de Policías Judiciales y Unidades de Investigación Criminal. Participaron el defensor Federico Farías, la fiscal María Delia Bringas y la defensora de Niñez y Adolescencia N° 2, Marcela Torres Capiello.
El imputado está siendo investigado por el delito de publicación, falsificación, divulgación y distribución de representaciones de abuso sexual infantil, agravado por involucrar, en su mayoría, a niñas y niños menores de 13 años. El Tribunal que resolvió el caso está integrado por las juezas Yanina Del Viso (presidenta), Laura Molino y el juez Jorge Sabaini Zapata.
Durante la audiencia, la defensa cuestionó la prueba reunida por la Fiscalía y solicitó medidas menos gravosas, como la firma periódica, la prohibición de salida de la provincia o la prisión domiciliaria, ofreciendo como caución un vehículo. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la defensora de Niñez y Adolescencia coincidieron en la necesidad de mantener la prisión preventiva por riesgos procesales y la magnitud del caso.
La investigación se inició a partir de información proporcionada por redes internacionales especializadas en el monitoreo de material de explotación sexual infantil. A través de la herramienta ICACCOPS, el 29 de junio se detectó la descarga y distribución de archivos ilegales desde una IP asociada a un domicilio en la ciudad de San Luis.
El 26 de agosto, tras un allanamiento realizado por el Departamento de Delitos Complejos, se secuestraron dispositivos electrónicos y se realizó un análisis digital preliminar. Se comprobó que la computadora incautada estaba conectada a la IP investigada y contenía archivos de abuso sexual infantil, los cuales se distribuían mediante redes P2P.
La fiscal Bringas sostuvo que el caso no se limita a la tenencia del material, sino que demuestra una distribución sistemática. Destacó que cada descarga representa una nueva forma de revictimización y que la investigación requiere medidas de protección reforzadas. El caso forma parte de una pesquisa de más de cuatro años que involucra cooperación internacional y continuará con peritajes técnicos y análisis de trazabilidad digital.
