El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada en Diputados a comienzos de agosto. La norma, que buscaba actualizar los fondos por inflación y mejorar salarios y becas, fue rechazada por su alto impacto fiscal, según el Gobierno.
El Poder Ejecutivo oficializó este jueves el veto a la ley de financiamiento universitario, que había logrado 158 votos afirmativos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la iniciativa y revertir la decisión presidencial.
El proyecto había sido impulsado por sectores del radicalismo disidente y acompañado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de universidades públicas.
Qué proponía la ley universitaria
La norma establecía:
- Actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y proyectos de investigación.
- Convocatoria a paritarias docentes y no docentes en un plazo de tres meses.
- Recomposición salarial para trabajadores del sector.
- Incremento en el número de becas estudiantiles.
El objetivo central era garantizar un financiamiento estable para el sistema universitario, frente al deterioro de los presupuestos en el marco inflacionario.
Por qué fue vetada la ley
Desde la Casa Rosada, el rechazo fue inmediato. El Gobierno argumentó que el proyecto no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige detallar las fuentes de financiamiento para nuevos gastos no previstos en el presupuesto.
Según el veto publicado en el Boletín Oficial, los mecanismos planteados eran “genéricos” y no aseguraban los recursos necesarios. Además, se advirtió que la norma ponía en riesgo el equilibrio fiscal, considerado el pilar central del plan económico de Javier Milei.
El Ministerio de Economía calculó que la aplicación de la ley significaría un gasto adicional superior a un billón de pesos en 2025, monto que no cuenta con respaldo presupuestario.
De acuerdo con la visión oficial, financiar este aumento sólo sería posible a través de emisión monetaria, lo que provocaría más inflación y afectaría especialmente a los sectores con menores ingresos. El Gobierno advirtió que la medida atentaría contra la estabilidad de las cuentas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.
