Un operativo judicial en la localidad de Pozo Borrado, al norte de Santa Fe, permitió rescatar a 31 trabajadores rurales que vivían en condiciones precarias y eran sometidos a jornadas extenuantes. La investigación busca determinar si se trató de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral.
Condiciones de hacinamiento y trabajo sin descanso
Durante los allanamientos, personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) encontró a los trabajadores en campamentos improvisados hechos con bolsas de nailon. No tenían acceso a agua potable ni a baños, dormían en el suelo y trabajaban de lunes a lunes, entre 8 y 10 horas por día.
Entre las víctimas había dos menores de 17 años, lo que agrava la situación de vulnerabilidad detectada por las autoridades.
El caso comenzó el 4 de septiembre, cuando ARCA notificó al fiscal federal Gustavo Onel, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, sobre la situación en un establecimiento identificado como “Santa Ana”. Allí se hallaron 15 personas, todas en condiciones de precariedad extrema.
Posteriormente, se intervino en un campo vecino llamado “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde se detectaron otros cinco trabajadores en circunstancias similares. Esto derivó en una investigación más amplia que permitió el rescate de un total de 31 personas.
Víctimas en situación de vulnerabilidad
Los trabajadores rescatados eran oriundos de Los Juríes, Santiago del Estero, y relataron que cobraban 300 mil pesos por quincena, monto al que se le descontaba la comida. No contaban con medios de comunicación, algunos estaban indocumentados y otros no sabían leer ni escribir.
Las autoridades calificaron el contexto como un caso de explotación laboral con indicios de trata de personas, ya que las víctimas no podían abandonar el lugar por sus propios medios.
El fiscal Onel, junto con los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, pidió al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, profundizar la investigación. Como resultado, se secuestraron teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones que podrían aportar pruebas clave.
En el operativo también participó la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe. Paralelamente, la Secretaría de Derechos Humanos provincial, la Municipalidad de Tostado y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata brindaron asistencia inmediata, garantizando alojamiento, alimentación y entrevistas de contención.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, se sumó a la investigación para fortalecer la causa.
